En los anuncios en pantallas lumínicas en todo San Salvador y en áreas colindantes a la capital, es posible ver imágenes del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y otros candidatos de la tolda Sian (color que identifica a NI), abogando por el sufragio de partidarios y del universo electoral que les permita mantener la mayoría en el parlamento.
Expertos aseguran que el presidente Nayib Bukele prácticamente no necesita hacer campaña, pues el tema de seguridad le granjeó suficiente respaldo entre sus compatriotas para reelegirse, pese a acusaciones de que su aspiración es violatoria de la Constitución.
La tecnología en el país está en función de la elección, ya no se ven “pasquines” en postes y paredes promocionando a las figuras políticas, y si los hay, no se observan en la cantidad de antaño. Ahora la televisión, los lumínicos, las redes sociales sirven al propósito electoral.
Sin embargo, algo parece discordante en la transparencia y legalidad de la promoción. La ley establece que las agrupaciones deben recibir fondos gubernamentales para financiar sus campañas para los cargos en elección.
Hasta ahora, son escasos los partidos que recibieron el respaldo financiero pese a que algunos dicen que lo solicitaron con anticipación. Incluso, en determinado momento, Oscar Ortiz, el principal directivo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo que analizaban la situación que podría llevarlos a retirarse de la contienda.
Un informe del diario El Mundo, indicó este sábado que uno de los principales partidos de la oposición en El Salvador, la Alianza Nacionalista Republicana (Arena), carece de financiamiento público para su campaña electoral 2024.
Arena aún no solicitó el anticipo el financiamiento público que les corresponde para realizar su campaña electoral 2024, de acuerdo al presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (Coena), Carlos García Saade. “No hemos solicitado el anticipo, espero solicitarlo el lunes”, detalló el dirigente del partido opositor.
Una de las razones del retraso en la solicitud es, según García, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) «se tardó en mandar el valor del voto”, en referencia a los sufragios obtenidos en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales anteriores.
Esto se debe a que los partidos pueden solicitar hasta un 70 por ciento del valor total electoral obtenido en cada elección como anticipo.
Los candidatos de Arena, al igual que otras agrupaciones, financian su carrera con los fondos particulares, algo que pudiera llevarlos a aceptar ayudas de entes privados, lo que proscribe la ley, y es una de las razones de la existencia de la llamada deuda política.
En julio de 2021, la Fiscalía General de la República ejecutó el proceso de extinción de dominio contra Arena inmovilizando la deuda política, que ascendía a 2.9 millones, y anunció la extinción de dominio en febrero 2022.
El artículo 210 de la Constitución indica que el «Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia».
En concreto, algo anda mal o por sendas oscuras en lo referente al financiamiento de la campaña de los partidos en elección que ya comenzó hace una semana con el voto por Internet de los salvadoreños residentes en el exterior.
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