La información brindada por el Ministerio de Economía y Finanzas, menciona los servicios de imprenta con la prohibición de imprimir agendas, y la sugerencia de opciones como las memorias institucionales, los medios electrónicos y la página web institucional.
Igualmente, establece mesura en los gastos de pasajes, viáticos, reuniones y enfatiza en la prioridad del uso de las tecnologías de información para su efectiva comunicación.
Respecto a los equipos de oficina y de computación, se busca asegurar que su adquisición sea de prioridad institucional.
La cartera de Economía insiste en que las empresas estatales del nivel central deberán cumplir el Decreto Supremo 27327, del 31 de enero de 2004, que establece que los vehículos oficiales son de uso exclusivo para el desenvolvimiento de funciones de las autoridades establecidas, con lo cual se busca reducir el consumo de combustible.
Respecto a la compra o alquiler de bienes inmuebles, solo será posible en casos de extrema necesidad, y previo análisis del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado.
Finalmente, la política precisa que el servicio de telefonía celular queda autorizado únicamente a funcionarios del primer y segundo nivel jerárquico de la administración central; cualquier excepción deberá estar autorizada por la máxima autoridad ejecutiva, a través de resolución expresa, bajo su responsabilidad.
Al referirse al tema, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que el país no está en crisis y que el plan de austeridad dado a conocer esta semana es más bien una forma de “optimizar” los recursos en la administración pública.
Comparó estas medidas de “optimización” con la situación de un hogar, donde el padre recomienda no dejar focos encendidos o revisar que los grifos no estén abiertos y el agua no chorree.
Precisó que con las medidas aplicadas en los rubros en los cuales se pidió reducir los gastos, se logrará un ahorro de entre un 12 y un 15 por ciento.
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