“El camino es el diálogo bajo las reglas de la democracia, la Constitución y el respeto a los derechos humanos, por lo que exhortamos a nuestros hermanos diputados y senadores a reparar los errores del pasado (…)”, afirmó Choquehuanca la víspera en un discurso en la celebración del aniversario 15 del Estado Plurinacional.
Llamó a «viabilizar la preselección de candidatos para las elecciones judiciales y garantizar un proceso transparente”.
Sostuvo que la misión del Órgano Ejecutivo es servir a las grandes mayorías, y por ello, convocó a dignificar la justicia.
“Desde la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional -anticipó el vicemandatario-, convocaremos a espacios de diálogo concertados para alcanzar consensos”.
Esta exhortación coincidió con la publicación en Bolivia de una declaración de Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, quien insistió en la necesidad de un proceso “transparente” en torno a los comicios judiciales.
“Con esto en mente, insisto en la importancia de realizar un proceso transparente, participativo e integral para preseleccionar a las y los candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y avanzar en la celebración de elecciones”, expresó Satterthwaite, citada en una publicación del ministro de Justicia boliviano, Iván Lima, en su cuenta de X (antes Twitter).
Lima añadió que la relatora “ha estado en contacto con el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación con estas preocupaciones”.
El 15 de enero del año en curso, el opositor expresidente Carlos Mesa criticó la independencia de los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), e informó que envió una misiva a Satterthwaite con la petición de que se pronuncie respecto a esta crisis.
La vigencia constitucional del mandato de los magistrados tiene una duración de seis años y venció este 2 de enero, y con el argumento de evitar un vacío en el campo de la justicia, el TCP se autoprorrogó al igual que la vigencia de las autoridades en el Tribunal Supremo Electoral, el de Justicia y el Ambiental.
Esta decisión provocó denuncias, que la Fiscalía General aceptó, así como un paro nacional que hasta el momento solo surte efecto a Cochabamba, según el Ministerio de Gobierno.
Por su parte, el presidente Luis Arce dijo en reiteradas ocasiones que el tema de las elecciones judiciales es una tarea constitucional concerniente a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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