La situación es crítica pues las encuestas indican que los salvadoreños irán a unas elecciones con falta de información de las agrupaciones y candidatos que enfrentan el reto de Nuevas Ideas.
Según la organización Cristosal es el peor momento de acceso a la información pública en el país ya que el 63 por ciento de las solicitudes no fueron entregadas por las instituciones luego de pedidos de periodistas y de la asociación.
Varias fuentes señalan que la población va a las urnas desinformada sobre las propuestas de los partidos y candidatos, en especial a causa de la falta de recursos y que el partido en el gobierno copa casi todos los espacios.
El Salvador está viviendo el peor momento en cuanto a respeto de derecho de acceso a información pública desde la implementación de la ley, según Doris Rosales, investigadora de la Unidad Anticorrupción de Cristosal.
No puede haber elecciones libres si la sociedad no está debidamente informada. Se ha remozado una dictadura, se ve revista de modernidad, indicó al respecto Jonathan Cisco, abogado de la Unidad Anticorrupción de Cristosal.
La situación fue abordada la víspera por un consorcio de organizaciones llamado “Observa El Salvador 2024” que aseguró que en el país hay una cancha desequilibrada para los contendientes de las elecciones, una limitada transparencia por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y un espacio cívico amenazado.
Asimismo indicó que pese a lo que diga el Tribunal, en el país hay un contexto anormal para la participación ciudadana en el proceso electoral y pone como ejemplos agresiones a periodistas, líderes de opinión y defensores de derechos humanos.
El grupo que integran centros de investigación y universidades, entre otras, estimó que si bien en las elecciones 2024 participa una variedad de partidos políticos de distintas tendencias ideológicas, hay una marcada simplificación entre la narrativa oficial y las que cuestionan, con discursos polarizantes y campañas de desinformación.
Según Observa 2024, existe una autonomía limitada del TSE con un comportamiento permisivo en donde señalan la inscripción de la candidatura de Bukele y una ausencia de control efectivo sobre deuda política, fondos públicos en campaña y prohibición de política partidista a funcionarios públicos.
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