Tras cinco días de paralización durante la cual se suspendió el servicio de tren que transporta a los turistas desde la ciudad de Cusco, capital de la región surandina del mismo nombre, hasta Machu Picchu, las organizaciones sociales del lugar acordaron ayer suspender marchas y manifestaciones.
La tregua de 24 horas fue otorgada para facilitar la presencia en el pueblo que da acceso a las ruinas, de los ministros de Cultura, Leslie Urteaga; Comercio Exterior, Juan Carlos Mathews, y Ambiente, Albina Ruiz.
Horas antes de acordarse la tregua, la ministra Urteaga declaró que debe cesar la protesta como condición para dialogar, lo cual tuvo como respuesta una suspensión de la medida de fuerza iniciada el 25 de enero último, pero la llegada de turistas por tren seguirá paralizada.
El cierre de la única vía de acceso al mayor atractivo turístico de Perú y considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, se mantiene pese a que el primer ministro, Alberto Otárola, declaró antes del acuerdo de tregua que está vigente un decreto que sanciona con la cárcel a quienes bloqueen vías.
Otárola atribuyó la protesta a un reducido grupo que opera un negocio ilegal, lo que alude a las afirmaciones de Urteaga sobre el manejo de la venta de entradas al santuario inca, presuntamente corrupto, a cargo de la Dirección Regional de Cultura que, por la importancia de la región de Cusco, es la mayor del país y ha tenido siempre niveles de autonomía. Con ese argumento, el Ministerio de Cultura contrató a la empresa Joinius, parte de un poderoso grupo económico, para que, a cambio de una comisión considerada excesiva por los cusqueños, se encargue de la venta por Internet de entradas a los atractivos turísticos de Cusco.
Las organizaciones sociales cusqueñas consideran que la medida apunta a la privatización del patrimonio cultural cusqueño y nacional, como señala el analista David Ugarte, quien anota que el contrato con Joinius plantea que se encargará del “diseño, gestión, control y venta de boletos”.
La tregua de hoy fue lograda con la mediación del gobernador de Cusco, Werner Salcedo, quien ayer declaró que debe adoptarse un sistema de venta más eficiente que el de la empresa contratada y creado por expertos estatales de Cusco y del gobierno central.
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