La medida forma parte del Plan inicial de Preservación y Gestión Segura ordenado por el Gobierno a la subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que en noviembre último declaró inconstitucional el contrato suscrito con el Ejecutivo.
De acuerdo con la compañía, esa decisión se debe tomar para evitar posibles problemas de salud, seguridad y ambiente asociados al calentamiento del material causado por reacciones químicas, así como la generación de gases potencialmente dañinos.
Por ello, la minera ha expuesto estos riesgos al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y los ha invitado a presenciar el proceso.
Instó a esa cartera a facilitar el desarrollo de esta importante medida preventiva y ante la falta de una opción de financiamiento alternativa para las actividades esenciales de preservación.
Cobre Panamá tiene la intención de vender el concentrado de cobre como la mejor alternativa para generar recursos económicos suficientes y sufragar una parte de los costos del plan de cierre, estimado entre 15 y 20 millones de dólares al mes.
La víspera organizaciones sociales y gremiales se manifestaron frente a las oficinas del MICI y exigieron a su titular, Jorge Staff, que incluyera a sus representantes en las visitas a la mina en Donoso, provincia de Colón.
Ese compromiso contraído anteriormente con miembros de la alianza Pueblo Unido por la Vida se incumple, según voceros de los colectivos como Rolando Ortiz, quien señaló que se mantendrán activos en las calles hasta lograr el cierre total de la empresa extranjera que roba recursos naturales y atenta contra la soberanía.
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