La IMWC divulgó una Carta Abierta titulada El Contubernio en lo Público y lo Privado: La Corrupción Legalizada, a propósito del sonado caso, llamado Cochinilla, de presunta malversación de fondos públicos mediante un esquema montado por funcionarios estatales y privados en contratos de obras públicas.
La organización religiosa aseguró que esta práctica va en contra de los seres humanos más desfavorecidos y de los derechos humanos.
Asistimos a un capitulo vergonzoso en la vida sociopolítica de Costa Rica, apunta y recuerda que recientemente despertaron con la noticia de sobornos en contratos de obras públicas, donde se pagaron precios abusivos y excesivos, estimados en 78 mil millones de colones, unos 128 millones de dólares.
Tras indicar que los indiciados fueron arrestados, la IMWC califica de insólito que a los pocos días de este escándalo, el Poder Judicial liberó a todos los presuntos implicados.
La Carta Abierta refiere que de inmediato, la opinión pública, sindicatos, partidos políticos, iglesias, y otros denunciaron la actitud irresponsable, por decir algo, de la administración del Poder Judicial costarricense.
La IMWC asegura que esa forma de actuar proviene de ‘una corrupción acumulada en los últimos 50 años de desgobiernos, quienes han estado sometidos al verdadero poder económico, han desvalijado nuestra Patria, así como han endeudado a toda la sociedad en unos 40 mil millones de dólares que pagarán nuestros hijos y nietos, en condiciones de total esclavitud’.
Sobre los partidos políticos tradicionales y emergentes, aseveran que se han corrompido y solo les interesa alcanzar el poder por cualquier medio para administrar a su antojo y repartirse entre sus acólitos, empresarios y políticos el Presupuesto Ordinario de la República.
Mientras, prosigue, los grandes empresarios, acólitos y donadores del dinero para esos partidos políticos corruptos, gestores de clientelismo político, tráfico de influencias y lobby empresarial, se aseguran, por medio de estos gobiernos, drenar los recursos del Estado a sus arcas por medio de contratos lesivos y abusivos como el caso Cochinilla.
Entonces, detalla, los partidos políticos en el Gobierno en alianza con los empresarios se aseguran de nombrar en los puestos claves de las entidades públicas a sus servidores y que, por lo visto, han logrado meter mano en el nombramiento de uno que otro juez o jueza en la Corte Suprema de Justica que les garanticen fianzas moderadas.
Por todo ello, la IMWC ‘deplora, condena y denuncia, esta corrupción que se está convirtiendo en endémica, práctica que va en contra de los seres humanos más desfavorecidos y en contra de los Derechos Humanos’.
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