La imputación, que apunta a despojar a Vizcarra de la inmunidad que lo protege durante cinco años posteriores a su ejercicio presidencial (2018-2020), es el inicio de un procedimiento que, tras su aprobación por el Congreso -políticamente adverso-, pondrá al exgobernante a disposición del Poder Judicial.
La denuncia constitucional contra Vizcarra fue presentada por el congresista Héctor Ventura y está referida a presuntos sobornos recibidos de empresas a cambio de contratos de obras públicas.
Vizcarra niega la acusación y la atribuye a intereses políticos que buscan impedir que sea candidato presidencial, posibilidad que según él reflejan las encuestas.
Ventura basó la denuncia en investigaciones al entorno de funcionarios y empresarios cercanos a Vizcarra involucrados en el caso, varios de los cuales fueron detenidos en una reciente operación del Ministerio Público.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el exgobernante encabezó una organización criminal corrupta, cuyo objetivo era “direccionar procesos de licitaciones y contrataciones públicas fraudulentas para beneficiarse económicamente”.
De otro lado, el Poder Judicial anuló los cargos de asociación ilícita para delinquir y usurpación de funciones de otra investigación a Vizcarra, por presunta corrupción en contratos de obras públicas cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua, lo cual dejó en pie el cargo de cohecho.
Casi todos los expresidentes que gobernaron Perú desde 1985 fueron acusados de corrupción, incluso dos de ellos están presos, Alejandro Toledo (gobernó el país entre 2001 y 2006) y Pedro Castillo (2021-2022), este último imputado inicialmente por presunta rebelión tras intentar disolver el Parlamento adverso.
Además, está sometido a un juicio el exmandatario Ollanta Humala (2011-16) por presunta corrupción, al tiempo que es objeto de una larga investigación Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
El exgobernante Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción confesa, pero fue liberado por un polémico indulto en diciembre de 2023, luego de cumplir solo 16 años de su sentencia.
El político neoliberal Alan García, quien gobernó Perú por segunda y última vez entre 2006 y 2011, se suicidó cuando estaba a punto de ser arrestado por corrupción, en abril de 2019.
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