Israel Huaytari, presidente de ese cuerpo legislativo, convocó para este jueves a las 15:00, hora local, a la sesión ordinaria 48 del órgano cameral con un orden del día que incluye 11 puntos.
Entre ellos figuran la correspondencia, siete proyectos de ley económica y los restantes tres se relacionan con normativas sobre el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuyos mandatos constitucionales cesaron el 31 de diciembre, así como asuntos de mesa.
Un primer proyecto de ley sobre crédito es la Adenda número uno al contrato de préstamo CAF 9545 para financiar el “Proyecto construcción de la doble vía Caracollo-Colomi: tramo 28 Confital- Bombeo”, suscrita el 28 de julio de 2023.
Fueron los firmantes, el Estado y la Corporación Andina de Fomento (CAF), que modifica el monto del contrato de préstamo hasta 176 millones de dólares.
El segundo está referido al Programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz, suscrito el 24 de noviembre de 2023, entre el Estado boliviano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta 62 millones de dólares.
Se suma a ellos, el proyecto de ley 255/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo BOL-37/2023 para el Proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní), suscrito el 7 de diciembre de 2023 con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata por más de 56 millones de dólares.
Otro contrato de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo prevé un monto de 200 millones de dólares para el Programa denominado de Electrificación Rural III.
Un acuerdo de la Comisión Bicameral Multipartidaria, firmado el 2 de febrero, establece que al menos cuatro de estas leyes de crédito deben ser tratadas como parte del pacto que viabilizó la aprobación de la ley de elecciones judiciales, promulgada la víspera por el presidente Luis Arce.
Incluye también el documento, el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075, referido el primero a la suspensión de los “plazos procesales en todas las materias, a partir del 2 de enero de 2024 de los magistrados autoprorrogados hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales, elegidas por voto popular.
El 0,75, en tanto, busca dejar sin efecto la prórroga de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP, establecida en la declaración constitucional 0049/2023, del 11 de diciembre de 2023.
La propuesta de normativa ordena el cese de funciones de los magistrados y consejeros del TCP, el Supremo de Justicia, el Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
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