Ya en septiembre de 2023, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito había fijado la vista pública del 15 de julio al 23 de agosto de este año, y como fecha alterna del 16 de septiembre al 25 de octubre de 2024.
Ahora la nueva fecha para realizar la audiencia ordinaria será desde el 12 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2024 y como fecha alterna se fijó del 20 de enero de 2025 hasta el 28 de febrero del mismo año.
En el proceso aparecen imputados 25 ciudadanos, entre ellos, dos expresidentes y varios exministros, por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos.
La decisión de la jueza Baloísa Marquínez responde a la necesidad de realizar diligencias en el extranjero en relación con los acusados Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, trascendió.
Las diligencias se realizarían a fin de obtener pruebas documentales testimoniales y las notificaciones de los imputados con domicilio fuera del territorio nacional.
Del 12 al 28 de septiembre de 2022 tuvo lugar la audiencia preliminar por este caso sobre los sobornos de la constructora brasileña, y en el que también aparecen entre los imputados los dos hijos de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto, ya sentenciados por un tribunal en Estados Unidos.
El Ministerio Público de Panamá entregó en julio de 2023 nuevas evidencias del proceso, en particular documentos de un expediente que contiene unas mil 67 páginas sobre la recepción de coimas provenientes de Odebrecht y que involucran a expresidentes, exministros, abogados y funcionarios que actuaron como testaferros.
En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber entregado 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.
En la audiencia preliminar de este caso, el fiscal Mahmad Daud Hasan aseveró que Odebrecht, instalada en Panamá desde 2006, pagó más de 50 millones de dólares de sobornos a gobernantes, políticos e intermediarios, a cambio de contratos con el Estado.
El caso se originó de una denuncia del excontralor Alvin Weeden, interpuesta el 18 de septiembre de 2015, que la archivaron; y luego del acuerdo entre la constructora brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016, el escándalo fue reabierto un mes después.
rgh/ga
