Los defensores Brandon Mori y Paolo Aldea anunciaron que solicitarán por escrito a la embajada norteamericana aquí para que el país del norte, que entregó a Toledo para su juzgamiento, reclame a la justicia peruana por una supuesta violación de los derechos humanos de quien gobernó Perú entre 2001 y 2006.
La gestión plantea que Washington interceda para que el Poder Judicial reconozca el tiempo que Toledo estuvo en prisión en Estados Unidos hasta su extradición, como encierro a cuenta de la prisión preventiva de 18 meses que le fue aplicada por el tribunal que lo juzga y que terminó ayer, según los abogados.
La justicia peruana rechazó ayer el pedido de libertad condicional de Toledo, porque la prisión preventiva se cuenta desde su entrega a Perú, en abril de 2023, porque está referida a garantizar su presencia en el juicio.
Aldea calificó como precipitado el rechazo y dijo que Estados Unidos debe intervenir porque es su obligación jurídica velar por los derechos de Toledo como reo de corrupción, por ser el país que lo extraditó.
Alegó que lo que llama violación de los derechos del exgobernante preso por recibir millonarios sobornos, puede entorpecer el pedido de la autorización necesaria, por normas del tratado bilateral de extradición, para poder juzgarlo por otro caso pendiente.
Paralelamente, los abogados apelarán a la Corte Suprema contra el fallo adverso a su pedido de excarcelación del reo que, como gobernante, mantuvo relaciones estrechas con Washington.
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