Con el respaldo de algunos diputados, incluso del gobernante Partido Acción Ciudadana y de otras agrupaciones políticas de oposición, los universitarios expresaron pacíficamente su repudio a la mencionada iniciativa legal, en su mayoría concentrados en el Parque de la Democracia, frente a la sede del Legislativo de esta nación.
Tanto los legisladores como rectores de esos centros apoyan la necesidad de revisar algunos salarios, pero no a costa de acabar con la autonomía universitaria en el sentido de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
En recientes encuentros con los diputados y durante la protesta, el rector de la Universidad Nacional y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Francisco González, expresó la importancia de preservar la autonomía, que estaría -alertó- en serio peligro de aprobarse tal y como está redactada hoy esa propuesta legal.
En esas citas, el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez, refirió que una de las principales razones de su oposición a dicho proyecto legal radica en que contiene vicio de inconstitucionalidad, pues atenta contra el artículo 84 de la Constitución Política, que versa sobre la autonomía universitaria.
Por su parte, en la convocatoria a la manifestación, el Conare sostiene que resulta inconveniente darle la rectoría del empleo público al Ministro de Planificación, pues podría revertir la despolitización del Servicio Civil defendida en la Constitución, al trasladar a la Asamblea Legislativa la potestad de nombramiento de su director general.
Dicha iniciativa legal busca unificar los salarios en el sector público, en procura de un multimillonario ahorro que permita reducir el elevado déficit fiscal del Gobierno Central, pero sindicatos, diputados y hasta empresarios lo rechazan.
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Como ejemplo, el legislador del gobernante Partido Acción Ciudadana Welmer Ramos sostuvo que la iniciativa tiene mucho de improvisación y aseguró que el Servicio Civil carece de las capacidades necesarias para hacer los nombramientos en algunas instituciones públicas. Las universidades necesitan un régimen totalmente distinto a los demás, apuntó.
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