Hace dos semanas, ese tribunal decidió liberar a los 30 implicados en el denominado aquí caso Cochinilla, con solo algunas medidas cautelares para la mayoría de arrestados el 14 de junio pasado y fianza para solo dos de ellos, los dueños de las constructoras H.Solís, Mélida Solís, y Meco, Carlos Cerdas.
Los 30 funcionarios privados y estatales están indiciados de presuntos delitos de corrupción, por componendas entre ellos para malversar fondos públicos, daño estimado en unos 78 mil millones de colones, unos 128 millones de dólares.
Este martes concluyó la primera etapa de la audiencia de apelación sobre las medidas cautelares sobre la inhabilitación de cada uno de los funcionarios públicos implicados y a partir de hoy comenzará la segunda sobre fianzas, prohibiciones de salida del país y la libertad de las personas imputadas.
La liberación de todos los implicados en el caso de presunta corrupción en contratos de obras públicas causó indignación en Costa Rica, por la diferencia en la aplicación de la justicia, pues a personas por sustraer siete picaritas (nachos) de un supermercado le imponen tres años de cárcel, mientras a los de cuello blanco los liberan o imponen medidas cautelares sin prisión preventiva.
Ese fallo también provocó malestar en diputados a la Asamblea Legislativa como José María Villalta, del Frente Amplio, quien afirmó que ‘es realmente preocupante la resolución que deja en libertad a los principales imputados del caso de corrupción en obras viales que tiene indignado al pueblo costarricense’.
Algunos medios dicen que se fijaron ‘fianzas millonarias’ a los dueños de Meco y H.Solís, pero la realidad es que esos montos son ridículos en comparación con lo que podrían haber robado a la Hacienda Pública, señaló y agregó que con un par de facturas falsas de esas que abundan en el expediente podrían pagarse esas ‘fianzas’.
Para evitar hechos similares en el futuro, Villalta presentó un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para que no se puedan aplicar fianzas como medida cautelar en casos de delitos de corrupción.
Iniciativa también daría acceso a jueces y juezas al Registro de Beneficiarios finales para que tengan información objetiva sobre el patrimonio de las personas investigadas.
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