De acuerdo con el magistrado Óscar Parra, fueron acusados dos tenientes coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados del batallón La Popa.
‘Los 15 miembros del Ejército fueron declarados máximos responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira’, afirmó Parra en conferencia de prensa.
Los 15 imputados formaron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la unidad militar para presentar como ‘bajas en combate’ a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército o por paramilitares, acotó.
La Sala pudo determinar que estos resultados operacionales ilegítimos, asociados a esta estructura militar, se inscriben en dos patrones macrocriminales, aseguró.
Puntualizó que el primer patrón indica que asesinaron a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia común sin contar con información que verificara dichos señalamientos y sin que se hubiera presentado combate alguno.
En este esquema de operación, bajo una lógica contrainsurgente se conformó una alianza entre la comandancia del batallón y los paramilitares del Frente Mártires del Cacique de Upar, del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (organización paramilitar, terrorista, narcotraficante y contrainsurgente de extrema derecha).
En el segundo patrón, se seleccionaron víctimas en condición de vulnerabilidad, incluyendo personas sin redes de apoyo o familiares que no los intentaran buscar al ocurrir su desaparición y a quienes engañaron con promesas de trabajos, para captarlas y asesinarlas, explicó el magistrado.
Aseveró que en estos casos de falsos positivos, ‘la presión por resultados en medio del inicio de la desmovilización paramilitar fue esencial para que se adaptara el plan criminal para continuar respondiendo a la necesidad de presentar bajas sin importar el origen de las víctimas’, aseveró.
‘La JEP identificó que los reconocimientos y beneficios como permisos, viajes, descansos y pagos en dinero, acompañados de una permanente presión por bajas, fueron usados por la comandancia del batallón’, señaló el magistrado Parra.
La semana pasada, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 10 militares y un civil el asesinato de al menos 120 personas en el Catatumbo (Norte de Santander).
Dichas víctimas fueron presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008 y así aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar, caso conocido como ‘falsos positivos’, refirió la JEP.
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