Cuando el país lleva una semana en shock por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la OPC expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de los refugiados, tras el resurgimiento de los enfrentamientos mortales entre bandas rivales, especialmente en los barrios de Fontamara y Martissant de la capital.
‘Esta situación de inseguridad permanente en la zona ha provocado y sigue provocando numerosas violaciones del derecho a la vida, especialmente entre los grupos sociales vulnerables’, advirtió la institución que promueve los derechos humanos.
Desde el 1 de junio la mortal guerra abierta entre las bandas, empujó a más de 13 mil personas a abandonar sus hogares y refugiarse en viviendas de acogida, plazas públicas o instituciones estatales.
‘Unas mil 200 familias compuestas por menores, mujeres y ancianos se encuentran en el polideportivo de Carrefour, transformado en refugio temporal, viven en condiciones inhumanas a pesar de las acciones puntuales de ciertas estructuras estatales y organismos internacionales’, lamentó la organización.
Muchas de estas ayudas se ralentizaron tras la noticia del magnicidio, que provocó el cierre temporal de la actividad económica y comercial, además de las instituciones estatales.
No obstante, la OPC recomendó a las autoridades intensificar sus acciones para garantizar a las familias desplazadas el acceso a las necesidades primarias y urgentes, en particular la alimentación, atención sanitaria, y el agua.
También otros sectores le exigieron al Gobierno interino encabezado por el primer ministro, Claude Joseph, tomar medidas para reducir la violencia e inseguridad, que limita suministros básicos como el combustible.
El acceso a la gasolina y el diésel se interrumpió en medio de los enfrentamientos entre las pandillas y la crisis parece agudizarse tras el magnicidio.
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