La lista incluyó, al anunciarse, a las ahora exministras de Salud Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, pero la procuradora Yudith Villegas dijo que, si bien son parte del caso, no ha pedido su aprehensión.
Indicó que solicitó la detención preliminar por siete días de Germán Málaga, jefe del equipo encargado de los ensayos de la vacuna china de Sinopharm y de una cantidad extra que fue usada para la inmunización secreta de diversas personalidades, como las exministras.
Villegas pidió a la Fiscalía que formalice la solicitud ante el juez a cargo del tema para que además se aprese por ese lapso al embajador Arturo Jarama y el rector de la Universidad de San Marcos, Orestes Cachay.
También pidió la aprehensión de los funcionarios Carlos Castillo, del Ministerio de Salud, Mario Tavera, Alejandro Bussaleu y Óscar Suárez y añadió que los nombrados son investigados por los posibles delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible.
La procuradora dijo además que en el asunto no se detectaron hasta ahora otros delitos y que la acción que se les imputa es la de haber recibido prebendas, lo cual está prohibido y penalmente sancionado.
De otro lado, la Fiscalía Anticorrupción inspeccionó en busca de información el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud (INS) y otras oficinas de ese organismo, así como los laboratorios de dos universidades donde se experimentó la vacuna de Sinopharm.
El INS suspendió la licencia para experimentación científica al centro de ensayos clínicos de la Universidad Cayetano Heredia, que, con Málaga de jefe, era foco de la vacunación clandestina.
Entretanto, la Federación Sindical Médica pidió la ‘muerte civil’ (veto para trabajar en o contratar con el Estado) a los involucrados y expulsar de los gremios profesionales médicos a miembros vacunados ocultamente o participado en la operación ilegal.
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