La detonación del 4 de agosto de 2020 causó 218 muertos, seis mil 500 heridos y pérdidas multimillonarias, y todavía no hay un culpable.
Las protestas están ahora dirigidas hacia figuras como el ministro interino del Interior, Mohammed Fehmi, quien rechazó una solicitud judicial de quitar inmunidad al jefe de la Seguridad General, Abbas Ibrahim.
Este último y un trío de exministros, Nohad Machnouk (Interior), Ali Hassan Khalil (Finanzas) y Ghazi Zeitar (Obras Públicas), debían declarar ante el juez Tarek Bitar, el encargado del caso.
El vocero de las víctimas, Ibrahim Hoteit, precisó que no puede haber inmunidad cuando hay tantos fallecidos y aconsejó al fiscal Ghassan Oueidat a procesar a los convocados.
‘Impedir esa comparecencia, dijo, será una conspiración contra nuestra sangre e hijos y, en consecuencia, enfrentará nuestra rabia y furia, así que tenga cuidado de jugar con fuego’, alertó.
Una sesión parlamentaria contemplaba la decisión de levantar inmunidad a los señalados, pero aun no hay un pronunciamiento oficial.
Los familiares de las víctimas previnieron una explosión popular, porque esperaban los resultados de la justicia, pero al ver que se dilata, están dispuestos a encender un estallido total, anticipó el portavoz Hoteit.
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