En declaraciones a la prensa, el exjefe de Gobierno anunció que el bloque parlamentario de su partido, Corriente Futura, acordó someterse a los requerimientos de la investigación.
Ocurrida el 4 de agosto de 2020, aun se desconoce a quien corresponde responsabilidad en la detonación que causó 218 muertos, seis mil 500 heridos y pérdidas multimillonarias.
‘Sugerimos la suspensión de todos los artículos legales que otorgan inmunidad al presidente, primeros ministros, diputados, ministros e incluso abogados’, subrayó Hariri.
Después de la catástrofe se supo que había conocimiento por funcionarios del almacenamiento inseguro de tres mil 725 toneladas de nitrato de amonio que por ignición provocaron el mortal estallido.
El investigador principal del caso, el juez Tareq Bitar, pidió sin resultado alguno el levantamiento de inmunidad del jefe de la Seguridad General, Abbas Ibrahim, y de otros tres exministros.
En ningún caso, el Parlamento adoptó una decisión sobre esa solicitud.
De acuerdo con las leyes libanesas, explicó Hariri, tres tribunales diferentes: uno para funcionarios de alto nivel, otro para jueces negligentes y un tercero para sospechosos comunes.
Pero una vez desaparezca la inmunidad, apuntó, todos pasarán por una misma corte.
‘Los libaneses tienen derecho a saber quién trajo la sustancia explosiva y quién está detrás de ese desastre’, concluyó.
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