Los políticos y funcionarios de seguridad involucrados en el asunto hasta ahora no comparecieron ni prestaron declaración alguna ante los tribunales.
El juez a cargo del caso, Tarek Bitar, solicitó interrogar al jefe de la Seguridad General, Abbas Ibrahim, pero su petición no avanzó, tras negarla el ministro interino del Interior, Mohamed Fahmy.
Ibrahim, sin embargo, declaró que estaba sujeto a la ley como todos los libaneses, pero que la investigación debería abordarse lejos de consideraciones políticas.
La decisión de Fahmy acarreó una marcha en los alrededores de su casa por parientes de las víctimas de la detonación en demanda de justicia.
Los familiares de los occisos reflejan la ira generalizada entre los libaneses por la investigación y, en términos generales, por la forma en que se halla el país.
Más de la mitad de la población vive en la pobreza y la depreciación de la moneda nacional pasó de 100 por ciento respecto al dólar, mientras las facciones políticas rivales están al margen con sus enfrentamientos para nominar un gobierno.
Gran parte de la devastación provocada por la explosión aún es visible. El puerto se asemeja al cráter causado por una bomba y en su entorno los derrumbes de muchos edificios.
Aún quedan preguntas importantes sin respuesta, una de ellas: ¿Por qué un cargamento de tres mil 375 toneladas de nitrato de amonio, un fertilizante que sirve para fabricar bombas, estuvo mal almacenado en el puerto desde 2013?.
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