Por séptimo día consecutivo, cientos de panameños expresaron esta vez su repudio desde balcones, ventanas y portales debido al confinamiento de fin de semana que rige en la urbe citadina y la vecina provincia de Panamá Oeste para controlar el avance de la Covid-19.
La convocatoria, realizada a través de redes sociales, también contempló concentraciones frente a la sede de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia desde el lunes pasado, lo que retomarán la semana próxima a juicio de los manifestantes.
En días recientes, la Comisión de la Niñez, la Mujer y la Familia de la Asamblea Nacional destapó, tras una investigación, la dramática situación de trato cruel que reciben niños y adolescentes en algunos de los 54 albergues de este tipo que funcionan en el país.
La pesquisa parlamentaria alcanzó a 14 centros, los cuales el sociólogo Alonso Ramos calificó de ‘mazmorras de la época medieval’, donde solo tres tenían las mínimas condiciones para su funcionamiento.
De acuerdo con el especialista, quien integró como técnico el equipo investigador, en algunos de esos lugares encontró a mujeres adolescentes, jóvenes y adultas mayores conviviendo en una misma habitación, otras encadenadas y encerradas con candado, sin recibir medicamentos.
El informe de 700 páginas, entregado esta semana al Ministerio Público, recoge que hasta alimentos para perros recibieron los niños de uno de los hogares visitados, además, de forma general desnuda los ‘sufrimientos, frustraciones y miedos de los menores’, dijo.
‘Los niños que han sido víctimas del sistema van a tener repercusiones para toda su vida’, advirtió Ramos, quien denunció que psiquiatras y trabajadores sociales hablaron en condiciones de reserva por temor a represalias, en tanto trascendió que al menos dos fueron despedidos tras advertir de los abusos.
Estos hogares son administrados por fundaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas, principalmente evangélicas, y reciben subsidios gubernamentales, porque la ley coloca a los infantes bajo protección del Estado, aunque la principal crítica es la ausencia de control sobre sus protegidos.
Entre la población residente en estos albergues sobresalen menores procedentes de hogares disfuncionales, ambientes sociales adversos para su desarrollo, discapacitados y niñas embarazadas como consecuencia de violaciones sexuales.
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