Isabel Cristina Zuleta, ambientalista y miembro de la organización Ríos Vivos, aseguró que la situación geográfica de esa demarcación, posibilita un corredor para las armas, el narcotráfico, la minería y siembra de cultivos de ‘uso ilícito’, por lo cual la zona está en disputa por diferentes grupos armados.
Ese conflicto obligó a cientos de familias campesinas a salir de su territorio, perder su patrimonio, y ahora no cuentan con el apoyo del Estado, enfatizó.
La situación se agravó por los derrumbes y deslizamientos de tierra ocasionado por fuertes lluvias recientes, que imposibilitaban la entrada y salida a la demarcación, añadió.
Por su parte, Sandra Ramírez senadora del partido Comunes aseveró que esos desplazamientos son resultado del incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del gobierno de Iván Duque.
La ONU reveló recientemente que en el primer semestre de este año hubo un incremento del 193 por ciento de las personas desplazadas en Colombia en comparación con el 2020.
Los departamentos del Cauca, Antioquia y Nariño concentran el 91 por ciento de las personas obligadas a salir de su comunidad durante el pasado mes de junio, de acuerdo con el organismo multilateral.
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