El secretario general de la CTRN -la de mayor representatividad en Costa Rica-, Mario Rojas, adelantó que estarán pendientes de la suerte que corra esa propuesta legal en la Asamblea Legislativa, ya que el mismo está técnicamente mal confeccionado y mal diseñado.
De aprobarse tal y como está tendría serias lesiones y repercusiones para el Estado social de derecho, los derechos humanos, las convenciones colectivas, pero además no resuelve lo relacionado con la eficiencia y la eficacia en la administración pública, afirmó Rojas.
El líder sindical calificó de desacierto de Casa Presidencial al decir que la Sala Constitucional (IV) lo que pidió fue hacerle ajustes técnicos a esa iniciativa y así se puede enmendar y ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
‘Las autoridades de Gobierno hacen caso omiso a las 35 inconstitucionalidades que la Sala Constitucional encontró en ese proyecto de ley. Esas inconstitucionalidades son señaladas directamente y otras devenidas de los artículos que afectan derechos de las instituciones que gozan de autonomía, gobierno y administración propias’.
Hacemos la observación respetuosa a los diputados que ese proyecto no está para hacerle remiendos, sino elaborar un nuevo proyecto de ley que cuente con el consenso y la participación de las organizaciones sindicales y de la sociedad civil para encontrar una propuesta concertada que mejore la institucionalidad democrática y los servicios públicos.
De su lado, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) calificó el fallo de la Sala IV de ‘una derrota para la clase política neoliberal. De buenas a primeras, se puede afirmar que el bloque político hegemónico sufrió una seria derrota, que francamente les va a costar mucho revertir’.
Undeca señaló que el núcleo duro de la desafortunada iniciativa legislativa, concerniente al menoscabo de la independencia del Poder Judicial, las autonomías de las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, sencillamente, no pasó la prueba de constitucionalidad.
Ahora, el texto regresa a la Asamblea Legislativa que puede decidir enviarlo a la Comisión sobre Consultas de Constitucionalidad para que le corrijan los señalamientos de los magistrados y después llevarlo al Plenario para votarlo en primer debate y casi seguro volverán a someterlo a la Sala IV.
Lo otra posibilidad es que lo envíen a la Comisión de Gobierno y Administración para elaborar un nuevo texto, tal y como lo solicitan los sindicatos y buena parte de la sociedad civil.
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