Las ministras de Relaciones Exteriores de Panamá y Colombia, Erika Mouynes y Marta Lucía Ramírez, respectivamente, se encontrarán en la ciudad fronteriza de Metetí, en Panamá, para evaluar soluciones al paso seguro de los migrantes irregulares por la frontera común, informó una nota de la Cancillería istmeña.
El encuentro binacional, en el que también participarán los titulares de Seguridad, Juan Pino (Panamá), y de Defensa, Diego Molano (Colombia), responde a la necesidad de acordar mecanismos efectivos para el trato humanitario y el paso controlado de una cifra indeterminada que se calcula en más de 10 mil personas.
Mouynes pidió ayuda internacional con vistas a atender el actual flujo, al tiempo que promovió para el 11 de agosto próximo un encuentro regional de cancilleres con el objetivo de acordar estrategias comunes que permitan el paso ordenado y seguro por los países de tránsito de la ruta migratoria, cuyo destino es Estados Unidos y Canadá.
Despachos de prensa reportan la presencia de miles de antillanos, africanos y asiáticos en la zona fronteriza del Cauca de Colombia, quienes pretenden desafiar a pie 266 kilómetros de selva tupida, en la cual los principales riesgos son animales salvajes, caudalosos ríos y sus crecidas y la actividad criminal de bandas.
Autoridades colombianas aseguraron que unos 800 pasajeros transportan diariamente embarcaciones entre Necoclí y Capurganá, en ambas riberas del Gofo de Urabá, para adentrarse en la región selvática, donde muchos pierden la vida.
Esta es la peor crisis migratoria que han vivido los pobladores del área en los últimos años, afirmaron lugareños, al punto que la empresa de embarcaciones en la zona se quedó sin capacidad para trasladar a tantas personas, que tiene boletos vendidos hasta el venidero 18 de agosto, cuello de botella que ocasionó la concentración de irregulares.
Ese cruce hasta hace poco tiempo lo hacían lancheros traficantes de personas de forma clandestina y eran perseguidos por los cuerpos armados, lo que agregaba un riesgo adicional para los viajeros, quienes si eran capturados, podrían ser deportados a los países de origen.
A su llegada a territorio panameño, tras una semana en la jungla, los caminantes requieren de atención médica, alimentos y un lugar para descansar, y arriban a comunidades indígenas cuyos servicios básicos son precarios y ello obliga a la participación del Gobierno Nacional en la recepción de los irregulares.
Cifras del Ministerio de Seguridad de Panamá aseguraron que en lo que va de año, unos 42 mil migrantes atravesaron esa selva conocida como Tapón del Darién, mientras que dos mil 300 de ellos permanecen aún en albergues de tránsito, ubicados en los extremos Este y Oeste del territorio nacional.
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