Eugenio Campos, fiscal regional de Magallanes, en el sur del país, pidió la formalización de Espinosa, como responsable de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y falsificación de documentos.
Una investigación arrojó que el ex jefe de la PDI y su esposa recibieron dineros por un total de 140 millones de pesos chilenos (unos 195 mil dólares al cambio actual) entre junio de 2015 y marzo de 2017.
Por ello la Fiscalía solicitó someter a proceso judicial a Espinosa, a su esposa, María Neira Cabrera, y a su ayudante Eduardo Villablanca Inostroza.
En el caso de la esposa, hasta hoy funcionaria del Servicio de Impuestos Internos de Chile, es señalada como autora de lavado de activos, mientras que al subcomisario de la PDI Villablanca se le imputan los delitos de lavado de dinero y cómplice del desvío de fondos.
En la investigación resultaron decisivas la declaración de Villablanca a las autoridades, quien afirmó haber realizado los depósitos de dinero al ex director de la PDI y su esposa porque era ‘una orden’.
Medios locales indican que las transferencias en efectivo se realizaron a las cuentas corrientes a Espinosa y su esposa en sucursales de Banco Estado y Banco de Chile en pleno centro de esta capital.
El dinero provenía de los fondos clasificados como gastos reservados, que solo deben ser empleados para financiar la contratación de servicios de inteligencia para el monitoreo de acciones militares, espionaje internacional, persecución de bandas de narcotráfico y terrorismo, entre otras actividades.
Alberto Brecht, director de la ONG Chile transparente, evaluó estos hechos como muy graves, pues muestran la firma irregular en que son manejados en los gastos reservados en una institución muy importante para la seguridad del país como es la PDI
Héctor Espinosa dejó su cargo como director de la PDI a finales de junio último al cumplirse el tiempo establecido para desempeñar esa función, en la cual fue relevado por Sergio Muñoz Yáñez.
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