Esa instancia deberá remitirlo a la Asamblea Legislativa Plurinacional y esta última autorizar un juicio de responsabilidades por los 20 muertos y heridos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), explicó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
En conferencia de prensa, el abogado afirmó que Áñez es acusada provisionalmente por los delitos de genocidio, lesiones graves y leves, y lesión seguida de muerte.
Lanchipa agregó que, el requerimiento acusatorio en relación con los sucesos, se funda en los elementos de convicción recabados bajo los principios de objetividad y transparencia, en el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes prevista en la Ley 044.
Desde el martes pasado, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expone los resultados finales de ocho meses de investigación sobre las acciones violentas ocurridas en este país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Durante el gobierno de facto de Áñez hubo masacres y ejecuciones sumarias —en Sacaba y Senkata—, se consumaron persecuciones, torturas, detenciones ilegales, actos de racismo y graves violaciones a los derechos humanos, concluyó el informe.
Asimismo, promulgó el Decreto Supremo 4078 que eximió de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas y conllevó al uso desproporcionado de la violencia por parte de la policía y el ejército en las mencionadas localidades bolivianas.
Con base en evidencias contundentes y científicas, el GIEI ratificó ahora que a fines de 2019 tuvo lugar en esta nación andino-amazónica una asonada anticonstitucional coordinada y gestada durante meses.
Los golpistas obligaron a Evo Morales, entonces presidente legítimo, a renunciar para evitar más agresiones contra la población que rechazó las acciones contra el Estado, en noviembre de ese año.
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