El procurador general, Henry Ara, explicó a Bolivia TV que la institución estableció el incumplimiento de acuerdos, normas internacionales y nacionales en la auditoría para la elaboración del referido informe por parte de la organización.
Dicho documento, basado en información incompleta y violatorio de protocolos legales, advirtió sobre irregularidades en el conteo automatizado de votos y sugirió que el objetivo de las mismas era beneficiar al presidente Evo Morales, entonces reelegido para un nuevo mandato en primera vuelta.
El informe sirvió de excusa a la derecha boliviana para dar luz verde al golpe de Estado que concluyó con la dimisión de Morales y la instauración de un gobierno inconstitucional presidido por Jeanine Áñez, recordó la agencia de noticias ABI.
Ara explicó que una auditoría consiste en el estudio sistemático de datos y evidencias que concluye con un veredicto sobre el proceso revisado, sus irregularidades, responsabilidades, o buen funcionamiento y resultado.
Seguidamente descalificó el trabajo realizado en octubre de 2019 por la Misión de Observadores de la OEA que basó su informe en una investigación que no corresponde con las características de una auditoría e incumplió los términos acordados con el Gobierno de Bolivia para su trabajo en relación con los comicios.
El encargo de La Paz era una auditoría que se pronunciara sobre el cómputo final, las estadísticas y la verificación de actas, recordó el contralor general del Estado.
Sin embargo, precisó a Bolivia TV, al evaluar el informe faltan esos elementos, ‘por lo tanto, no habría un cumplimiento por parte de la OEA sobre el convenio que hizo Bolivia con ellos’, afirmó.
La agencia ABI precisó que en el acuerdo entre las partes para la elaboración del informe sobre las elecciones el estudio debía responder a las normas internas del país andino-amazónico, que a su vez se circunscriben a los protocolos internacionales establecidos en este tipo de investigación.
En ese sentido Ara insistió sobre la falta de la OEA a lo pactado cuando acotó ante las cámaras que ‘el acuerdo era claro y específico’ y no fue respetado.
El informe debía pronunciarse sobre el cómputo final, la verificación de todas las actas (35 mil), y no una muestra, para así determinar si hubo porcentaje de fraude, también contemplar estadísticas, porcentajes, etc.
Por último destacó la premeditada falta de no compartir el informe preliminar con las autoridades bolivianas, sino que fue hecho público con el claro objetivo de poner en duda la transparencia del proceso.
Una decena de investigaciones posteriores de reconocidas universidades y centros de estudios concluyeron que si bien hubo irregularidad en el proceso no tenían el peso suficiente como para cambiar la tendencia del voto, que en todo momento favoreció a Morales, desechando así la narrativa del fraude y validando la tesis del golpe de Estado.
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