Los medios de la oposición interna son financiados, principalmente, por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) y han hecho todo a su alcance para desacreditar al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), liderado por Daniel Ortega.
En los últimos cuatro meses, el bombardeo mediático ha sido constante tras las detenciones de ciudadanos investigados por las autoridades nicaragüenses por delitos como lavado de dinero y lesiones a la soberanía nacional.
Dichos arrestos responden a Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada por la Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua el 15 de octubre del pasado año.
Sobresalen en esta línea dos fundaciones: La Violeta Barrios de Chamorro y Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social.
La fiscalía del país centroamericano comenzó los procesos contra ambas Organizaciones No Gubernamentales desde mayo último, y además del delito de lavado de dinero, también son acusadas por recibir recursos de fuentes extranjeras para cometer actos ilícitos.
Para que se tenga una idea, con el objetivo de financiar a la oposición mediática nicaragüense, entre 2014 y 2021 sólo la fundación Chamorro recibió más de siete millones de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Así lo reveló una investigación de la plataforma digital The GrayZone, la cual añade que la Usaid no solo financia organizaciones contrarias al gobierno sandinista, sino que ‘las capacita en aspectos que van desde las estrategias electorales y las relaciones públicas hasta la divulgación y mensajes en redes sociales’.
Pero al parecer la Usaid no es la única organización que remite dinero como parte de la guerra no convencional contra Nicaragua, la UE también lo hace a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que, según datos oficiales, en 2020 envió a la fundación Chamorro 831 mil 527 euros (más de un millón de dólares).
De igual modo, se vincula con el financiamiento de la derecha nicaragüense la llamada Fundación Nacional para la Democracia.
El dinero de esa organización estadounidense para la subversión se distribuye en cinco áreas de acción política: jóvenes, propaganda, derechos humanos, mujeres emprendedoras y reformas al sistema policial nica con una inversión que asciende a 1,5 millones de dólares, según difundió la emisora de radio La Primerísima.
De acuerdo con analistas, tales antecedentes demuestran que para Estados Unidos y sus aliados europeos, derrocar un gobierno como el sandinista sigue estando en su agenda política regional tal como lo hicieron con el intento de golpe de Estado en 2018.
En ese sentido, actores de la oposición desde el exterior siguen llamando a la desestabilización del país y con ella, la destitución de la Revolución sandinista.
‘No queda ninguna otra alternativa más que una acción armada, llámese como se llame: guerra nacional, intervención extranjera o lucha armada’, dijo recientemente el fundador del Partido Liberal de Nicaragua, Ariel Montoya en entrevista con un medio de prensa internacional desde Miami.
De cara a las elecciones del venidero 7 de noviembre, esos medios hablan en sus campañas de un ‘ataque a las candidaturas’ refiriéndose a las ya mencionadas leyes establecidas por el gobierno de Ortega, las cuales defienden la integridad del país.
El líder del FSLN explicó hace poco en un acto nacional que en su país no se está procesando ni políticos ni candidatos presidenciales.
‘Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra su seguridad y la vida de los ciudadanos, al intentar organizar otro 18 de abril (de 2018), otro golpe de Estado para provocar lo que ellos llaman un cambio de régimen’, subrayó el mandatario de la nación centroamericana.
En represalia, tanto la administración de Washington como la UE han aplicado sanciones a altos funcionarios y autoridades de Nicaragua entre ellos la vicepresidenta, Rosario Murillo.
El bloque europeo les impide transitar por sus territorios y los responsabiliza de ‘acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho’, algo similar establece Estados Unidos.
Por otro lado, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua informó que todo lo referente a los comicios de noviembre se desarrolla tal y como establece el calendario, pero el gobierno de Joe Biden señaló falta de credibilidad.
De este modo, tanto la EU como Estados Unidos ya adelantaron no reconocer los resultados de la contienda electoral en Nicaragua que elegirá la formula de presidente y vicepresidente de la república, además de 92 diputados a la Asamblea Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.
A finales del mes de julio, el jefe de Estado nicaragüense expresó en un discurso a la nación que el país norteño quiere boicotear las elecciones y sembrar el terrorismo en su país, no obstante, pidió al pueblo ejercer su derecho al voto.
‘Estas elecciones serán un paso más en la batalla por nuestra segunda independencia, votar en noviembre es hacerlo por la independencia’, reafirmó Ortega.
Cuando restan 65 días para que Nicaragua vuelva a vivir una nueva jornada electoral, la más reciente encuesta realizada a nivel nacional por M&R Consultores confirmó al FSLN como líder en intención de voto con un 67.4 contra un
32.6 por ciento de la oposición.
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