La decisión, impulsada por sectores de extrema derecha hostiles al Gobierno, fue calificada como transgresora de la carta magna por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien añadió que rompe el equilibrio que debe mantenerse entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El proyecto de ley en curso interpreta en desmedro del Ejecutivo la cuestión de confianza, es decir, la opción discrecional del Gobierno de atar decisiones del Parlamento a su aval al Gabinete Ministerial, potestad ratificada por el Tribunal Constitucional (TC).
Según la constitución, si el Parlamento niega dos veces la confianza al gabinete dos veces, el Presidente queda facultado a disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas.
El dictamen aprobado hoy por la Comisión de Constitución del Congreso reduce la posibilidad de plantear cuestión de confianza en defensa de políticas del Ejecutivo y no por decisiones que el Congreso considere conciernen a sus fueros.
El acuerdo impuesto por la mayoría opositora pero pendiente de su debate y aprobación, señala, contra el dictamen del TC, que no se puede plantear el emplazamiento en función de reformas constitucionales.
El ministro Torres comentó que el Congreso pretende romper el equilibrio de poderes, por el cual el Parlamento tiene facultad discrecional para destituir al presidente sin causas específicas y censurar (destituir) a los ministros y el Ejecutivo tiene el recurso de la cuestión de confianza para defender sus iniciativas legislativas.
‘El Congreso debe adecuarse a la Constitución, nadie lo ha facultado para que haga una ‘interpretación auténtica’, lo que faculta la Constitución, con toda claridad, es reformar la Constitución’, añadió sobre la ruta que elude la mayoría congresal.
Recordó que el Congreso estaría repitiendo la historia de 1993 y 1996, cuando hizo ‘interpretaciones auténticas’ de la carta magna a favor del gobernante Alberto Fujimori, lo que dio lugar a condenas de cárcel para legisladores y autoridades involucradas.
Una norma legal solo puede ser interpretada en temas de fondo por quien la ha generado y el Congreso puede hacerlo con un trámite específico que la carta magna establece y toma más tiempo.
‘El Congreso está usurpando funciones que no le competen, pretende modificar la Constitución’ y lo que está haciendo es una transgresión, una violación a la carta magna, añadió Torres.
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