En el texto de la propuesta, presentada a la Asamblea Nacional, el legislador aseguró que el objetivo es hacer al país compatible con la economía digital, mientras en la explicación de las múltiples ventajas aseguró, en un video, que ‘busca revolucionar la administración pública’.
Silva planteó que el código permitirá la certeza y seguridad jurídica a los criptoactivos y a la vez plantea su expansión a una amplia cantidad de personas naturales, pero también permitiría atraer empresas e inversión extranjera y ayudar a fomentar emprendimientos en la nación centroamericana.
Otro objetivo sería ampliar los servicios financieros en el país, para lo cual la ley proyecta que el control y las regulaciones del uso de las criptomonedas estén en manos de los organismos públicos encargados del mercado de valores y las entidades dedicadas al movimiento monetario.
En su argumentación, el asambleísta negó que las monedas virtuales sean preferidas por el crimen organizado para el lavado de dinero y basó su defensa en cifras de instituciones internacionales especializadas como Chainanalysis.
Según la entidad, en 2020 ese delito disminuyó al 0,34 por ciento de las transacciones, mientras fue el dos por ciento en 2019.
En cambio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que el uso anual de las monedas tradicionales para el blanqueo de capitales es entre dos y cinco por ciento del Producto Interno Bruto mundial, es decir, de 800 a dos millones de millones de dólares.
Las reacciones a la propuesta legislativa, dentro y fuera del país, consideraron que es inspirada en la legalización de la moneda virtual bitcoin en el vecino Salvador, aunque Silva explicó diferencias con el código de sus vecinos centroamericanos, entre otras, la obligatoriedad frente a la voluntariedad de su proyecto.
‘Esta normativa simplemente propone una opción, pero si un ciudadano quiere pagar en criptomonedas y la tienda recibirlas, esta normativa respaldará la transacción. Aquí no se obliga a nadie, solo es una opción’, declaró al canal Telemetro.
Otra de las diferencias radica en que el Gobierno no se involucraría directamente con el manejo e intercambio de las criptomonedas, pero podría aprovecharlas para ser ‘más eficiente y trabajar con más transparencia’, apuntó.
Asimismo, permitiría darle seguridad jurídica y establecer las normativas para atraer empresas y fomentar la economía digital, reiteró.
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