Con gran parte de las actividades comerciales paralizadas por la escasez de combustible, de bienes básicos y medicamentos, lo previsible era una explosión social, de la cual nadie saldría ganador.
La instalación de un ejecutivo que debe pasar por el filtro del voto de confianza del Parlamento, abrió posibilidades a esperadas reformas estructurales para detener la debacle.
Sin embargo, los gabinetes anteriores fallaron en promulgarlas, una de las condiciones exigidas por la comunidad internacional para allanar ayuda financiera prometida desde abril de 2018.
De esa última fecha a la actual, casi 80 por ciento de la población pasó a estar por debajo del umbral de la pobreza, calculado en 3,64 dólares diarios, según el Banco Mundial.
Una devaluación monetaria de más de 100 por ciento respecto al dólar estadounidense, al cual está atada la economía libanesa desde 1997, demolió el poder adquisitivo de un país dependiente de las importaciones.
Mientras, el sector estrella del país, el sistema bancario, sigue paralizado con la imposibilidad para los ahorristas de extraer divisas que están obligados a retirar efectivo en la depreciada libra libanesa.
De otro lado, los precios de la canasta básica aumentaron en 557 por ciento desde octubre de 2019 a los días actuales, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, y la economía se contrajo 30 puntos porcentuales desde 2017.
La escasez de combustible imposibilitó un curso normal de vida con afectaciones en servicios esenciales como los hospitales, algunos de los cuales advirtieron que, al carecer de energía eléctrica, decenas de personas podrían morir.
Electricité du Liban, la compañía estatal de electricidad, apenas ofrece una o dos horas de servicio diario y la generación energética pasó a manos de privados que compran hidrocarburos a precios exorbitantes en el mercado negro y transfieren esas facturas a los clientes.
De igual manera, la violencia brotó en las gasolineras con enfrentamientos mortales entre los automovilistas que para repostar esperan decenas de horas.
Una disputa en una estación en el sur del país derivó enfrentamiento sectario entre las aldeas vecinas de musulmanes y cristianos, y en el norte, en un choque entre islámicos sunitas los contendientes recurrieron a ametralladoras pesadas y lanzacohetes.
El jefe de la Seguridad General de Líbano, Abbas Ibrahim, demandó posiciones firmes de sus oficiales que sufren por igual la depreciación de la moneda nacional como resultado de lo cual el valor de sus sueldos disminuyó en 80 por ciento.
La posibilidad de recibir apoyo efectivo de la comunidad internacional contempla la aplicación de reformas para abordar las causas fundamentales del colapso, entre ellas, las relacionadas con el combate a la corrupción.
Pero en vez de concentrarse en ese punto, los políticos libaneses estuvieron 13 meses en discordia por los puestos en el recién nominado gabinete.
Los adversarios del presidente Michel Aoun lo acusaron de obstruir el proceso para instalar el gabinete al exigir poder de veto en la nueva formación, lo cual negó en reiteradas ocasiones.
La disputa adoptó variantes sectarias, con políticos sunitas, incluido el ex primer ministro Saad Hariri, quien consideró que Aoun intentó socavar el puesto de jefe de Gobierno reservado a un sunita por Constitución.
El jefe del ejecutivo recién nombrado, Najib Mikati, aseguró que dejarían de lado esas discusiones, porque la prioridad serían otros temas, incluidas las elecciones parlamentarias del próximo año.
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