En un documento firmado por 145 entidades o personas, solicitan al Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas una misión para averiguar lo sucedido.
Los fallidos intentos de investigación nacional ilustran una cultura de impunidad para la elite política que ha sido característica durante mucho tiempo en Líbano, precisa el texto.
La detonación de toneladas de nitrato de amonio en el muelle de Beirut el 4 de agosto de 2020 mató al menos a 214 personas, hirió a unas seis mil 500 y causó destrozos parciales o totales de 300 mil casas.
Con posterioridad, salió a la luz que los funcionarios sabían de la presencia durante años y sin cuidado alguno de la sustancia explosiva en un almacén portuario.
El Gobierno rechazó la participación internacional en la pesquisa y también obstaculizó el avance de los investigadores locales.
En febrero pasado, un juez a cargo del caso, Fadi Sawan, fue destituido después de convocar a interrogatorio al exjefe del Gobierno Hassan Diab y a un trío de exministros, bajo acusación de negligencia.
Mientras que el sustituto, Tarek Bitar, enfrenta interferencias, incluida la negativa del Parlamento a levantar la inmunidad de los exministros que también son legisladores para poder interrogarlos.
La alineación gubernamental de Diab renunció una semana después de la explosión y permaneció de manera interina hasta el viernes último cuando nominaron a otro colectivo ministerial.
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