Saint-Vil que actuó como juez sumario, consideró que la disposición es ilegal y arbitraria, además de una violación de los artículos 9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La resolución tiene carácter inmediato, por lo cual Henry recuperó su derecho a libre circulación.
La semana pasada, el excomisionado de Gobierno Bed-Ford Claude, envió una carta al director de Inmigración y Emigración, Joseph Cianciulli, en la que indicó que el jefe de Gobierno, no podía abandonar el país por vía terrestre, aérea o marítima ‘por las graves acusaciones de asesinato del presidente Jovenel Moïse’, ocurrido el 7 de julio.
Claude se basó en registros telefónicos que indicaban conversaciones entre Henry y el abogado Joseph Felix Badio, sospechoso de dar la orden del magnicidio. Estas llamadas tuvieron lugar horas después del crimen, según constató el exfiscal.
Con estas afirmaciones, citó al jefe de Gobierno a comparecer voluntariamente a la Fiscalía, sin embargo, Henry desestimó la audiencia.
Las discrepancias concluyeron tras el despido de Claude ‘por faltas administrativas graves’ y su reemplazo por Frantz Louis Juste.
Además del fiscal, Henry destituyó al ministro de Justicia, Rockefeller Vincent y al secretario del Consejo de Ministros Renald Lubérice, que cuestionaron abiertamente sus disposiciones.
Lubérice incluso impidió que el jefe de Gobierno derogara un decreto del exgobernante relacionado con la agencia de inteligencia.
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