La misiva, fechada el 16 de septiembre pasado, está firmada por Erik Connolly, abogado del bufete Benesch, Fridlander, Coplan & Aronoff Llp, radicado en la ciudad estadounidense de Chicago, y en representación del Ejecutivo istmeño ofreció dialogar sobre la investigación que involucra a firmas legales en Panamá.
Los destinatarios de la carta son Brenda Medina y Emilia Díaz, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el objetivo fue una comunicación con el Gobierno para este último exponer los avances del país en materia de control financiero.
ICIJ, que en 2016 estremeció al mundo con las revelaciones de los Panama Papers (Papeles de Panamá), anunció este sábado que mañana a las 12:30, hora local, revelarán los resultados de las pesquisas bautizadas como Pandora Papers, realizadas por 600 periodistas de 117 países.
En su promoción en Twitter, ICIJ confirmó que trabajaron en secreto para descubrir historias innovadoras escondidas en un tesoro de más de 11,9 millones de documentos filtrados.
Ante la posibilidad de que el país sea nuevamente ‘difamado’ por documentos ligados a bufetes de abogados con oficinas en esta capital, Connolly recordó las ‘enormes consecuencias negativas para el país, que persisten aún hoy’, derivadas de la investigación Panama Papers, publicada en 2016.
‘Esa marca difamatoria ha persistido’, señaló y advirtió a nombre del Gobierno que ‘cualquiera que sea la percepción que el ICIJ tenía de Panamá en 2016, en cuanto a los requisitos de diligencia debida y la supervisión de los bufetes de abogados, no se parece en nada al Panamá de hoy’.
La nota del abogado aclaró que su cliente es respetuoso de la libertad de prensa y no pretende impedir cualquier investigación periodística, ‘simplemente asegurarse que el ICIJ tenga información precisa antes de su publicación’, para lo que se puso a disposición de los miembros que integran el consorcio.
‘Cualquier publicación futura que refuerce esa falsa percepción o ese apelativo difamatorio, tendrá consecuencias devastadoras para Panamá y su pueblo. Esta vez el daño podría ser insuperable para un país que apenas se recupera de la pandemia y que tiene una de las economías más afectadas de la región’, concluyó la carta.
El país aparece en las listas negras del Grupo de Acción Financiera Internacional y de la Unión Europea, lo que tiene una acción inmediata sobre la relación de los bancos locales con sus corresponsales en el mundo, y a pesar de esfuerzos de la actual administración por aplicar regulaciones, le señalan falta de colaboración para enfrentar acciones criminales.
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