En la ceremonia de apertura, el jefe de Gobierno aseguró que las autoridades del país tienen la obligación de hacer todo lo posible para el funcionamiento normal de las instituciones democráticas.
Haití inicia un nuevo ciclo judicial con más del 85 por ciento de la población carcelaria bajo prisión preventiva prolongada, luego de un año en que las repetidas huelgas de jueces, fiscales y otros empleados del sector paralizaron su funcionamiento.
Según un informe de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en el país caribeño, los centros penitenciarios operan al triple de su capacidad, en medio de la crisis política y sanitaria que dispararon los casos de retención sin acceso a juicios. La crisis del poder judicial se acrecentó a inicios de este año, cuando las asociaciones de magistrados fueron al paro por al menos dos meses, tras la decisión del asesinado presidente Jovenel Moïse de despedir a tres jueces supremos, aparentemente sin respetar las leyes.
Antes, los fiscales también protagonizaron una huelga para denunciar las condiciones de trabajo, exigir el cumplimiento del acuerdo firmado en 2017 con la cartera de Justicia, y poner fin a la disparidad salarial entre los magistrados titulares y los comisionados gubernamentales.
En este contexto se disparó la inseguridad y el Palacio de Justicia en Puerto Príncipe permaneció prácticamente sin operaciones mientras las bandas armadas controlaban la zona donde está emplazado.
A finales de agosto, el exministro de Justicia Rockefeller Vincent anunció que el Palacio de Justicia será reubicado, sin admitir el deterioro de la seguridad.
ga/ane
