Tal decisión responde a la orden del presidente Donald Trump, cuyas políticas migratorias reciben gran rechazo, de recabar datos acerca de quiénes son ciudadanos norteamericanos o no.
La exigencia del jefe de la Casa Blanca, empeñado en reducir la inmigración irregular y también legal, se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia impidió que se realice la pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020.
Aunque la disposición del mandatario republicano ha generado acciones legales, dicho departamento afirmó que la acatará mientras se analiza el caso en los tribunales.
Consideró que compartirá la información, incluida de tipo personal, para ayudar a la Oficina del Censo a determinar cuántos ciudadanos norteamericanos existen en el país y cuántas personas carecen del permiso de residencia.
Por ley, la última entidad mencionada no puede difundir los datos personales de la gente y en una cartilla informativa expone que sus respuestas solo pueden ser usadas para generar estadísticas, no en contra de nadie, divulgaron las informaciones periodísticas.
Señalaron que entre la información que se compartirá está el número de identificación de los extranjeros, el país de nacimiento y la fecha en la cual se naturalizó o inició el trámite de naturalización.
El Departamento de Seguridad Nacional espera respuesta a la pregunta de si podrá difundir información sobre solicitudes de asilo y refugio, que generalmente no puede darse a conocer.
También admite que la Oficina del Censo probablemente asigne un status inmigratorio equivocado a algunas personas, las cuales no podrán corregir los errores, y la información ofrecida será vinculada erróneamente con otros datos de distintos orígenes.
Los opositores a la inclusión de la pregunta sobre la ciudadanía en el censo plantearon que ahuyentaría a los inmigrantes, los latinos y otros sectores vulnerables, que desistirán de participar en el conteo que se realiza cada 10 años.
A partir de los resultados de la consulta se asignan los asientos en la Cámara de Representantes y se distribuyen 1,5 billones (millón de millones) de dólares en fondos federales, puntualizaron los reportes.
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