El gobierno etíope, según anunció, tiene pruebas de que la fuerza especial y la milicia del TPLF (siglas en inglés) asesinaron a cientos de ciudadanos de esa etnia en Mykadra, localidad de la zona occidental del estado regional de Tigray.
Supuestamente, la matanza fue perpetrada después de que la Fuerza de Defensa Nacional tomó el control de la ciudad de Humera y su aeropuerto, ubicada a unos 30 kilómetros de Mykadra e importante estratégicamente porque facilita el acceso a Sudán.
Por medio de un comunicado publicado este domingo, la Oficina del Primer Ministro, además, exhortó a apoyar las gestiones y esfuerzos gubernamentales para llevar ante la justicia a los autores materiales de ese crimen y también a quienes lo concibieron.
La masacre atroz y reprobable cometida contra civiles inocentes es claramente una grave violación de las normas más básicas del derecho internacional, asegura la comunicación.
Asimismo, señala que la ofensiva militar iniciada para neutralizar a individuos o grupos con intenciones de desestabilizar la nación, continuará su curso bajo el principio de proteger a la población civil.
Veremos esta operación hasta su fin, asevera el texto, y subraya que, como nación soberana, Etiopía cuenta con capacidad y resolución para manejar sus conflictos internos sin ninguna injerencia extranjera.
El Gobierno Federal, apunta, continuará con la tarea de hacer cumplir el estado de derecho en Tigray, que comenzó tras los ataques traidores del TPLF contra el Comando Norte de la Fuerzas de Defensa Nacional el 4 de noviembre.
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