La respetada jurista y su equipo acompañante, desde el primer momento dieron a conocer que para ellos los paños tibios en la lucha contra el mencionado flagelo no existían y en esa dirección desplegaron sus esfuerzos.
‘No toleraremos la corrupción, el narcotráfico ni ningún otro delito; ni tampoco trataremos a los procesados con paños tibios’, expresó Germán en aquel momento.
Asimismo, agregó: ‘las investigaciones se harán a profundidad, teniendo como norte aportar pruebas a los tribunales, las cuales por haber sido recabadas sin violar derechos y apegadas a la ley, podrán sustentar una sanción que soporte cualquier escrutinio ejercido por los procesados a través de los recursos legales a su disposición’.
Han pasado poco más de seis meses y sin dudas, la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó el reto, y los resultados son palpables, tal vez no todo lo deseado por la población, a juzgar por los estados de opinión, pero dada la complejidad de los procesos investigativos y legales, puede decirse que avanzan.
El trabajo de la PGR bajo la dirección de Germán se inició con expedientes como el de la denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Además, el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses que involucró a su director Manuel Rivas y otros y el del Consejo Estatal de Azúcar encabezado por Pedro César Mota.
También, y tal vez uno de los mas relevantes, el de la constructora brasileña Odebrecht, donde varios imputados son acusados por recibir sobornos de esa empresa, y en estos últimos días, el Ministerio Público agregó más de 400 pruebas luego de la declaración de los testigos.
Pero poco a poco y con el paso de los meses, la lista de procesos e investigaciones creció y hoy se mueven unos cuantos expedientes dignos de atención.
Ahí está la Operación Anti-Pulpo, por presuntas estafas y desfalcos al país, la cual tiene a 11 personas con medidas de coerción a la espera concluyan las investigaciones, donde están involucrados dos hermanos del expresidente Danilo Medina.
Igualmente camina sin detenerse el proceso a la exministra de la Juventud, Kimberly Taveras, por actos de corrupción y su declaración jurada de bienes.
Y como cierre del semestre, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) citó a funcionarios y legisladores del pasado gobierno y del actual, para cuestionarles sobre los documentos de bienes y patrimonio presentados ante la Cámara de Cuentas.
Entre las personas investigadas están los expresidentes de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho y Lucía Medina, además del senador Félix Bautista, aunque sobre ellos no hay señalamientos hasta el momento.
Y más recientemente, comenzaron a interrogar por presuntas irregularidades durante el ejercicio de sus funciones en la administración pública, al exministro de Hacienda Donald Guerrero, y el exadministrador del Banco de Reservas Simón Lizardo.
Con los interrogatorios a Guerrero y Lizardo, al menos 12 funcionarios del gobierno de Medina y allegados han sido investigados.
A seis de ellos ya le fueron impuestas medidas de coerción consistentes en prisión preventiva y domiciliaria, incluyendo a los hermanos del exmandatario, otros seis no han sido sometidos a la justicia y algunos aún son interrogados por representantes del ministerio público, por tanto se desconoce si serán procesados.
Así las cosas, todo parece indicar que las actuales autoridades del Ministerio Público aceptaron el gran reto que tienen por delante y trabajan en función de enfrentar la corrupción y la impunidad.
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