En estos casos, el fundador del Partido de los Trabajadores es acusado por el Ministerio Público Federal, del sureño estado de Paraná, de haber recibido ventajas indebidas de la empresa constructora Odebrecht.
Lula niega todas las acusaciones y la solicitud fue remitida a Lewandowski porque funge como ponente de una acción que se ocupa del acuerdo de clemencia a Odebrecht.
Si el magistrado no acepta, los abogados del exdirigente obrero solicitan al menos que descarte las pruebas obtenidas en el pacto con la compañía.
El equipo jurídico afirma que no tuvo acceso a todos los datos del acuerdo y la desactivada operación Lava Jato de Curitiba (capital de Paraná) ocultó a la defensa y al Supremo los documentos, ‘en particular, los intercambiados con autoridades suizas y estadounidenses’.
La segunda sala del STF ordenó el 4 de agosto que se compartieran los pliegos relativos al acuerdo con Lula, pero hasta ahora no se ha cumplido.
Tal determinación establece el intercambio de correspondencia entre los fiscales brasileños y autoridades de Estados Unidos y Suiza.
Asimismo, conocer documentos y testimonios relacionados con los sistemas MyWebDay y Drousys, utilizados por el departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht.
Según la defensa, ‘el Estado-acusador actuó de forma desleal y ocultó elementos al acusado y al Tribunal Supremo, por lo que debe ser impedido de realizar cualquier acto de persecución’.
Desde 2017, los abogados del exlíder sindical metalúrgico intentan acceder al acuerdo de clemencia completo y al material intercambiado entre la Lava Jato y autoridades extranjeras.
Pero, desde entonces, los miembros de la desarticulada operación judicial comenzaron a afirmar, incluso ante el Supremo, que no tenían nada documentado con otros países respecto al acuerdo de clemencia de Odebrecht.
Tras pruebas, los fiscales cambiaron la versión y presentaron la semana pasada una carta a la corte superior para defender la posibilidad de ‘mantener relaciones informales con autoridades extranjeras a los efectos de la persecución penal’.
El staff de Lula señala además que el contacto del grupo de trabajo con autoridades internacionales se puede confirmar a través de mensajes hackeados y atribuidos al exjuez Sérgio Moro y a los fiscales, decomisados por la Policía Federal en la denominada operación Spoofing (usurpación).
Para los juristas del expresidente, ‘no hay salida legítima a un proceso penal sin una defensa amplia, y no hay defensa amplia sin el ejercicio pleno de la defensa técnica’.
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