De acuerdo con el último Censo de Estados Unidos, que tiene bajo su dominio colonial a esta isla del Caribe de 3,2 millones de habitantes, el 58 por ciento de la niñez puertorriqueña vive con bajos niveles de pobreza.
Ante esta realidad, el organismo que integrarán 19 representantes del sector público y privado, bajo la presidencia de la ministra de la Familia, Carmen Ana González Magaz, trabajará hacia el objetivo de superar ese lastre que maniata al país después de casi 122 años de la ocupación militar de Estados Unidos.
Además de la ministra de la Familia, integrarán la Comisión los responsables de las carteras de Hacienda, Desarrollo Económico y Comercio; Educación, Vivienda, Trabajo y Recursos Humanos; Agricultura y Salud, entre otros funcionarios.
Pierluisi designará a un representante del sector privado, otro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y un tercero de una institución privada de altos estudios.
‘Este gobierno está comprometido con desarrollar una política pública dirigida a obtener y asegurar el bienestar físico, social, emocional, educativo y económico de nuestros niños, niñas y jóvenes’, subrayó Pierluisi.
Aseguró que trabajará en aunar esfuerzos para combatir el impacto de la pobreza en nuestras familias, en los menores de edad y en los adultos mayores, utilizando un enfoque para facilitar la accesibilidad a múltiples programas y aumentar la eficiencia en la prestación de los servicios gubernamentales.
El mandatario puertorriqueño expuso que para contrarrestar la pobreza infantil en este isla de las Antillas Mayores hay que invertir a largo plazo cuatro mil 400 millones de dólares anuales.
Los 19 miembros de la Comisión Asesora evaluarán las recomendaciones del Instituto del Desarrollo de la Juventud para combatir la pobreza y la falta de oportunidades para las poblaciones vulnerables, junto a iniciativas comunitarias presentadas bajo los fondos federales del Paquete de Subvenciones para Servicios a la Comunidad.
Entre las medidas económicas que se propondrán para atacar la pobreza infantil están fomentar la participación laboral, desarrollar un sistema de incentivos y presentar estrategias para remover las barreras más importantes del empleo, como la disponibilidad de cuido de infantes y preescolares y horario extendido en las escuelas públicas.
Indicó que del Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por Washington ante la bancarrota de Puerto Rico, se desprende que con los altos niveles de pobreza infantil y años de trauma por desastres naturales y la crisis de salud pública, se debe priorizar la reducción de las barreras al empleo para las familias de bajos ingresos.
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