Se está aplicando una ley en defensa de la soberanía, vigente desde finales del año pasado, la cual busca contrarrestar las acciones de personas que, dentro del ámbito político se ponen al servicio de los intereses de una potencia extranjera, expresó Fonseca Terán a Prensa latina.
Recalcó que, además de extranjera, se trata de una potencia (Estados Unidos) históricamente hostil a la nación nicaragüense, no solo en esta coyuntura.
El dirigente sandinista se refería a la Ley (1055) de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Es una ley que está siendo trasgredida por esta gente (derecha opositora) este año cuando ya está en vigencia, entonces no fueron arrestados por ser opositores, tal como propala una matriz de opinión difundida en medios internacionales y locales afines a esa corriente política, explicó.
No solo se trata de que son agentes confesos de una potencia extranjera, aparte está el descubrimiento de conspiraciones para montar en Nicaragua acciones desestabilizadoras similares a las de 2018, abundó.
Además no es ni siquiera necesario hacer una investigación policial porque es algo de dominio público, son autores confesos de esas acciones y, para colmo, se vanaglorian de estar solicitando sanciones contra su país e incluso las anuncian como si fueran voceros del Gobierno estadounidense.
Recordó que al momento de ser detenido en el aeropuerto de Managua (6 de junio) el opositor Arturo Cruz regresaba de Washington, donde había cabildeado para la expulsión de Nicaragua de la OEA y su salida del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con América Central y República Dominicana.
El responsable de las relaciones internacionales del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) comentó que esa organización está consciente del costo político de la acción judicial en marcha, que ya abarca a más de una docena de personas investigadas por presuntos delitos de lesiones a la soberanía nacional, al amparo de la Ley 1055.
Estamos conscientes, expresó, de que la aplicación de la ley para nosotros es políticamente costosa, es algo que al enemigo le sirve para deslegitimar nuestro proceso electoral ante la opinión pública internacional.
‘Si nos guiáramos por un cálculo cortoplacista, coyuntural, de tipo electoral-político no aplicaríamos la ley, pero si no lo hacemos estamos afectando estratégicamente los intereses de Nicaragua como nación’, afirmó.
Eso, añadió, es un criterio superior y además estamos obligados a hacer cumplir el estado de derecho en el país.
Fonseca Terán recordó que en ninguna encuesta, ni siquiera en las pagadas por ellos mismos, alguno de los aspirantes presidenciales contaba con un respaldo popular cercano al del presidente Daniel Ortega.
En consecuencia para quien esté bien informado resulta ridículo el planteamiento de que los actuales procesos judiciales son para sacar a los presidenciables del juego electoral, concluyó.
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