Los comicios debieron realizarse en agosto pasado, pero el Parlamento los retrasó ante el impacto de la Covid-19, decisión criticada por el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF).
En septiembre último el órgano legislativo reconsideró esa disposición y resolvió celebrarlos el 5 de junio, sin embargo, por irregularidades en el registro de votantes los aplazó otra vez.
Finalmente serán realizados donde las inscripciones fueron lícitas y no hay problemas de seguridad, por lo cual no abrirán 40 distritos distribuidos en los estados de Amhara, Benishangul-Gumuz, Harari, Ogadén, Oromía y Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur.
Tampoco habrá votaciones en Tigray, ni participará el TPLF (siglas en inglés), declarado organización terrorista y acusado de masacrar civiles, incitar a la violencia y violar derechos humanos, entre otros delitos.
Los dirigentes del Frente, que culpan al gobierno de utilizar la pandemia de Covid-19 para prolongar su mandato, realizaron votaciones para el Parlamento regional y desafiaron el mandato legal.
Después, en noviembre de 2020, dirigieron un ataque armado contra el Comando Norte de la Fuerza de Defensa Nacional, agresión a la que el primer ministro Abiy Ahmed respondió con una ofensiva militar.
Igualmente está inhabilitado Shene, grupo formado dentro del Frente de Liberación Oromo y presuntamente autónomo ahora, responsable de numerosos atentados contra civiles e infraestructuras públicas, según informes oficiales.
Líderes de esas y otras organizaciones están arrestados, aunque de acuerdo con los propios reportes no son investigados por sus posiciones políticas, y no asoman otros capaces de sostenerle el pulso a Ahmed y el gobernante Partido de la Prosperidad (PP).
De manera que, parece, la votación será un recuento de quienes confían en el premier y el PP para promover el desarrollo del segundo país más poblado de África y la mayor economía del este del continente.
Sobre una balanza estarán sus acciones para unir a los etíopes y proteger el medio ambiente, combatir la corrupción e impulsar la creación de empleo, reducir las brechas sociales y garantizar la paz.
Pesarán, entre muchas más, las gestiones en el enfrentamiento contra el TPLF, la negociación trilateral por la Gran Presa del Renacimiento y el conflicto fronterizo con Sudán.
Quienes ejerzan su derecho al voto (mayores de 18 años sin restricciones legales o incapacidades naturales) decidirán qué gobierno quieren y, quizás, establecerán un punto de inflexión en la historia nacional, marcada en sus últimos compases por la violencia étnica.
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