Para promover la paz, facilitar el desarrollo de las labores agrícolas y garantizar las actividades de socorro en la región, aceptamos la propuesta de la dirección provisional del estado y establecimos un alto al fuego humanitario, explicó un comunicado oficial.
Un reporte de la televisora Fana Broadcasting Corporate aseguró que el titular del ejecutivo temporal del estado, Abraham Belay, instó a Addis Abeba a suspender cualquier enfrentamiento armado para evitar más daños y trabajar para solucionar la crisis cuanto antes.
Según la notificación gubernamental, ‘la solicitud se produjo tras la debida consideración de las necesidades sobre el terreno y luego de las consultas con académicos, la comunidad empresarial y líderes religiosos y ancianos de la jurisdicción’.
El desafío actual debe abordarse de manera expedita dado el riesgo de crisis humanitaria que enfrenta nuestro pueblo, que ha sufrido mucho, especialmente en las zonas rurales, agrega.
Señala, además, que ‘la lucha contra la langosta del desierto, la Covid-19, el desplazamiento y la interrupción de actividades agrícolas debido a la violencia desatada por el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF)’ expuso a muchos ciudadanos a sufrimientos incalculables.
El gobierno federal adoptó esta medida ‘con la convicción de que ayudará a garantizar un mejor acceso humanitario y fortalecerá los esfuerzos para rehabilitar y reconstruir el territorio’, apunta.
La comunicación trascendió después de que el portavoz del TPLF (siglas en inglés), Getachew Reda, anunció que esa organización acusada de violar los derechos humanos y subvertir el orden constitucional, entre otros delitos, reconquistó Mekele, capital tigriña.
Según informes, ante el avance de fuerzas leales al Frente, el gobierno interino nombrado por las autoridades federales abandonó la ciudad, pero el texto oficial divulgado aquí no refiere a ello.
Precisa, eso sí, que continuarán las acciones en curso para llevar ante la justicia a los responsables de masacrar a civiles e incitar a la violencia étnica, más otras contravenciones, antes y después del ataque del TPLF contra la Fuerza de Defensa Nacional en noviembre último.
Debe quedar muy claro que el Gobierno garantizará la plena rendición de cuentas por los delitos cometidos, sea quien sea el responsable de las atrocidades, avisa.
Asimismo, exhorta a ‘civiles y militares de todos los niveles a respetar el alto el fuego y contribuir a la paz y la estabilidad en la región’, y promete ‘serias medidas de aplicación de la ley contra cualquiera que se aproveche del alto el fuego con fines maliciosos’.
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