Un comunicado del ejecutivo provisional de la región alerta acerca de ‘la preocupante situación de inseguridad’ existente en el septentrional territorio, luego del alto al fuego decretado de manera unilateral por el gobierno federal.
Los ciudadanos, especialmente quienes apoyan la misión de salvar vidas de la administración interina, son atacados y masacrados por integrantes del Frente y elementos armados que se refieren a sí mismos como Fuerza de Defensa de Tigray, asegura la comunicación.
Asimismo, condena ‘los ataques y saqueos a gran escala cometidos por los grupos armados rebeldes, que han destrozado las reservas de ayuda humanitaria en muchos lugares y han provocado un gran revés en la lucha para prevenir una inminente hambruna’.
De manera particular, precisa, ‘hay preocupación por la seguridad de cientos de expertos y sus familias que han estado sirviendo voluntariamente durante los últimos siete meses en Raya, Enderta, Mekele y Adigrat’, entre otros asentamientos.
También, agrega, los actos terroristas del TPLF (siglas en inglés) ponen en peligro la protección de los refugios de migrantes y desplazados, y atentan contra las medidas de rescate y protección de centenares de civiles.
La irresponsabilidad e imprudencia de la organización y sus aliados está provocando un éxodo de miles de personas que huyen de todas partes de Tigray, incluida la capital, Mekele, que temen por sus vidas y la de sus familias, señala.
‘Cada día el gobierno registra una gran afluencia de refugiados que solicitan ir a diferentes partes del país, en tanto algunos inmigrantes están huyendo a Eritrea’.
Pedimos a la ONU, otras agencias de ayuda y la comunidad internacional que hablen fuerte y condenen los actos de horror malvados e inhumanos que está llevando a cabo el TPLF tras la retirada de la Seguridad Federal, reitera la declaración.
‘Toda la comunidad internacional debe tener conciencia de los continuos llamamientos a la violencia de este grupo… y también debe realizar esfuerzos concertados para dar pasos hacia la paz’, manifestó la administración interina, nombrada por el gobierno federal.
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