Sus opiniones refrendan manifestaciones populares de apoyo al gobierno y contra la solución del conflicto en el norte etíope por medio del diálogo, a lo cual instan miembros de la comunidad internacional y partidarios del Frente.
De acuerdo con el director del departamento de Ciencias de la Salud y el Medio Ambiente de la universidad de Jimma, Seblework Mekonnen, ‘no hay razones para negociar con el Frente’.
No es moralmente correcto, es inaceptable desde cualquier perspectiva. Su agenda desestabiliza a nuestra nación, dijo Mekonnen durante una comparecencia pública.
Esa organización, recapituló, humilló a comisiones que viajaron a Tigray para debatir los intereses en conflicto, antes de que atacaran el Comando Norte de las Fuerzas de Defensa Nacional (FDNE).
Pactar es injusto. Destruirlo es la mejor opción. Si sobrevive en nombre de una negociación, derribará al país, comentó.
Es ética y legalmente desacertado negociar con una organización declarada terrorista por el Parlamento, señaló por su parte el decano de la facultad de Ingeniería Química de la universidad de Ciencia y Tecnología de Adama, Alemu Gonfa.
Hay evidencias de que está decidida a destruir al país, la supuesta negociación es una tapadera, añadió.
Resulta imposible, opinó, considerar un debate con una organización que masacra civiles, no puede haber tratos con quienes confirman diariamente su condición de terroristas.
Para el jefe del departamento de Planificación Urbana de la Universidad del Servicio Civil, Daniel Lirebo, ‘la solución es que el gobierno fortalezca el operativo militar contra el Frente’.
Asesina, desplaza y expone al hambre a miles de ciudadanos, por tanto los tratos pacíficos no deben considerarse en este caso, argumentó.
‘Su ideología secesionista y terrorista debe ser erradicada’, aseguró.
En noviembre pasado, el Frente atacó a las FDNE en Tigray y el primer ministro Abiy Ahmed respondió con una ofensiva militar para neutralizarlo y restablecer la legalidad en la demarcación.
Desde entonces comenzaron procesos legales contra varios de sus líderes y poco después el Parlamento lo declaró organización terrorista.
Más de nueve meses después, las Fuerzas de Defensa Nacional persiguen a integrantes del grupo prófugos de la justicia y presuntos autores de varias violaciones de los derechos humanos.
En junio último, las autoridades decretaron un armisticio para facilitar la actividad agrícola durante las lluvias y garantizar asistencia humanitaria, pero el TPLF lo rechazó e incrementó su criminalidad, según acusaciones oficiales.
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