De acuerdo con una comunicación oficial, fuerzas de esa organización sabotearon, saquearon y destruyeron el proyecto de desarrollo de riego Qobo Girana, ubicado en la zona norte de Wolo, y provocaron así el éxodo de la mayoría de los agricultores.
Como consecuencia del acto criminal perpetrado por la camarilla, dejaron de funcionar por completo todas las instalaciones, que fueron construidas para ayudar a regar más de dos mil hectáreas de la localidad, asegura el texto.
Con ese proyecto, agrega, miles de personas tenían la posibilidad de garantizar la seguridad alimentaria de sus familias, porque fueron creadas condiciones para que sembraran hortalizas, frutas y otros cultivos, y llevaran las cosechas de manera fluida a los mercados.
Después de la notificación, durante una comparecencia pública, el subdirector de la Oficina, Abebaw Getu, acusó al TPLF de exponer a civiles a las condiciones del desplazamiento, y anunció que ‘el proyecto será restaurado cuando el grupo terrorista sea derrotado’.
En noviembre de 2020, el Frente atacó el Comando Norte de las Fuerzas de Defensa Nacional, en Tigray, y a seguidas el primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó realizar una ofensiva militar para neutralizarlo y restablecer la legalidad en la jurisdicción.
Desde entonces comenzaron procesos judiciales contra algunos líderes del grupo, declarado terrorista por el Parlamento y presunto responsable de violaciones de los derechos humanos, antes y después de la agresión.
Sin embargo, otros permanecen prófugos todavía, inmersos en la subversión del orden y el reclutamiento de jóvenes, con el propósito de regenerar las fuerzas y tomar el control total del septentrional estado regional.
A finales de junio pasado, el gobierno decretó un algo al fuego para facilitar las labores agrícolas y garantizar la asistencia humanitaria en la zona, pero la organización lo rechazó e incrementó sus agresiones, principalmente contra civiles, afirman acusaciones oficiales.
Debido a sus operaciones, en los últimos tres meses más de 700 mil ciudadanos fueron desplazados en Afar y Amhara, a donde el TPLF extendió su criminalidad, aunque alrededor de cinco millones sufren alguna afectación, de acuerdo con informes gubernamentales.
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