La solicitud se produjo tres semanas después que el Senado se negara a bloquear la normativa, tras las solicitudes de defensores de los derechos de las mujeres de ese estado.
Los demandantes dijeron que la mediación de los jueces del Tribunal Supremo es ‘urgentemente necesaria’, ya que el acceso al servicio en Texas se redujo a su máxima expresión desde que la restrictiva ley entró en vigor el 1 de septiembre.
Estamos obligados a negar la interrupción del embarazo a las pacientes que acuden a nosotros, mujeres que aseguran no poder salir del estado para hacer este procedimiento en otras ciudades, dijo la directora de Salud para Todas las Mujeres (Whole Woman’s Health), Amy Hagstrom.
Este caos debe llegar a su fin, apuntó la especialista que dirige uno de los grupos involucrados en el desafío legal.
La norma de Texas, conocida como Ley del latido, prohíbe los abortos después de detectar la actividad cardíaca del feto, lo que ocurre normalmente alrededor de las seis semanas de embarazo.
Antes que el proyecto entrara en vigor, los defensores del derecho a la interrupción y los proveedores de este servicio exigieron al gobierno de Texas impedir que los jueces del estado aplicaran la norma jurídica.
Los demandados, que son funcionarios estatales, alegan que la demanda contra ellos es improcedente y pidieron que se desestime el caso.
La disposición permite a cualquier ciudadano demandar a quienes realicen o apoyen el procedimiento, mientras que los acusados tendrían que pagar un mínimo de 10 mil dólares de multa si la solicitud prospera.
Los activistas del estado sostienen que el documento viola el derecho constitucional al aborto, reconocido en 1973, el cual permite a las mujeres interrumpir su embarazo antes de que el feto sea viable, o sea, antes de las 24 semanas de gestación.
npg/age
