Para revertir esta realidad, es imprescindible que el gobierno federal haga cumplir a cabalidad la Ley de Aguas Limpias. Si queremos que el pueblo tenga acceso a este recurso durante los próximos 50 años, necesitamos que se tome la iniciativa, advirtió.
La norma entró en vigor en 1972, y se convirtió en la primera legislación relacionada con el cuidado del medio ambiente en el país.
En este casi medio siglo, permitió la restauración de la calidad del agua y promovió la participación del pueblo en la recuperación de lagos y vías flubiales, explicó el científico en un artículo publicado en The Hill.
Pero la rehabilitación no es completa y los logros son tenues. Los contaminantes emergentes suponen un riesgo constante, aunque la mayor amenaza para nuestra agua es la inacción del gobierno, aclaró Yaggi.
De acuerdo con el experto, hay floraciones de algas en los Grandes Lagos, escorrentías petroquímicas en Luisiana, pozos negros de residuos porcinos en las Carolinas y contaminación por plásticos en casi todo el país.
Aunque las amenazas al agua limpia persisten en todo el país, el daño es predominantemente en las comunidades minoritarias.
Yaggi afirmó que décadas de desinversión, segregación y discriminación dieron lugar a un agua potable desproporcionadamente insegura en las comunidades latinas, afrodescendientes e indígenas.
La aplicación de la Ley de Agua Limpia de forma más agresiva no sólo contribuirá a mejorar los resultados sanitarios del país, sino también a remediar décadas de injusticia medioambiental, explicó
Según el investigador, una normativa medioambiental ahorrará dinero a los contribuyentes, porque el agua limpia es esencial para una economía fuerte.
La agricultura, la pesca, los restaurantes, las empresas de recreo, las cervecerías y muchas otras industrias dependen de abundantes fuentes de agua limpia, aclaró.
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