Ustedes nos dieron muchos argumentos para pensar, por lo que nos tomaremos nuestro tiempo para considerar la decisión, declaró el juez Ian Duncan Burnett al final de la audiencia de dos días, que tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Londres.
La sesión de este jueves estuvo dedicada a la presentación de los argumentos de la defensa del periodista australiano contra las promesas dadas ahora por Estados Unidos de que Assange no será internado en una cárcel de máxima seguridad ni sometido a aislamiento en caso de ser juzgado y condenado por la justicia norteamericana.
El abogado Edward Fitzgerald resaltó que el riesgo de suicidio, que fue la justificación que dio en enero pasado la jueza de distrito británica para oponerse a la extradición del fundador de WikiLeaks, todavía existe.
Su colega Mark Summers mencionó, por su parte, un reciente reportaje investigativo publicado por el portal Yahoo News, en el que fuentes anónimas aseguran que altos oficiales de la Agencia Central de Inteligencia planificaron secuestrar y asesinar Assange durante el tiempo que estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Londres.
Es la primera vez que Estados Unidos busca la ayuda de un tribunal británico para que le conceda jurisdicción sobre alguien a quien una agencia gubernamental planeó asesinar, afirmó Summers, quien resaltó que el Comité de Inteligencia del Congreso norteamericano ordenó investigar la veracidad de las alegaciones hechas por la publicación online.
El Departamento de Justicia estadounidense pretende enjuiciar a Assange por publicar en WikiLeaks miles de archivos secretos donde se exponen crímenes de guerra cometidos por militares norteamericanos en Iraq y Afganistán, y cables diplomáticos.
De prosperar la solicitud de extradición, Assange podría ser condenado a un total de 175 años de cárcel, a partir de los 17 cargos criminales que se le imputan, y que están relacionados con presuntas violaciones de la ley de espionaje estadounidense.
Según trascendió, los jueces británicos podrían demorar hasta seis meses en anunciar su decisión sobre el futuro del periodista y ciberactivista australiano, quien está encerrado en una cárcel de máxima seguridad londinense desde su arresto en la embajada ecuatoriana en abril de 2019.
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