La organización -calificada de terrorista- ocupó el área de Chifra, donde está el principal centro de almacenamiento de artículos de primera necesidad, aseguró un representante de la oficina de Prevención de Desastres y Seguridad Alimentaria del estado, Mohammed Abdlla.
No podemos acceder a ellos para entregarlos a los ciudadanos necesitados y esa es una de las razones por las cuales las gestiones de socorro no tienen mayor efectividad, explicó.
Las limitaciones de transportes y el continuo incremento de las personas que abandonan sus hogares también entorpecen el trabajo de los voluntarios y las organizaciones en la región, dijo Abdlla en una comparecencia pública.
Casi 23 mil personas, comentó, están protegidas en el campamento de Ibay Waedal, de los cuales alrededor de 15 mil son niños y mujeres, y no reciben suficientes suministros humanitarios.
Realizamos coordinaciones con varios organismos, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, informó, y exhortó a las entidades no gubernamentales nacionales e internacionales incrementar la ayuda a esos ciudadanos.
Desde noviembre de 2020 fuerzas gubernamentales sostienen un enfrentamiento armado con el TPLF (siglas en inglés), organización acusada de subvertir el orden constitucional y violar los derechos humanos, entre otros delitos, y declarada terrorista por el Parlamento.
Las autoridades federales decretaron en junio último un armisticio para facilitar las labores agrícolas y gestiones humanitarias en Tigray, pero el Frente lo desestimó y extendió su criminalidad a los estados de Afar y Amhara.
En esas regiones, el grupo convirtió a civiles, cultivos, ganados e instituciones públicas en blancos de sus agresiones, según denunció el gobierno, que instó a la comunidad internacional a repudiar los crímenes y extender la asistencia humanitaria a ambos territorios.
acl/raj
