Son casi 400 días desde el inicio de la guerra en Tigray, el más septentrional estado del país, que cuenta entre sus territorios fronterizos a Eritrea y Sudán, con miles de muertos, millones de desplazados y una gran cantidad de personas sumidas en una crisis humanitaria debido al conflicto.
Durante este período los daños a la infraestructura son también enormes, tantos quizás como los ocasionados a la imagen de Etiopía, que pasó de ser ejemplo y esperanza en el denominado Cuerno Africano, espejo a donde podían mirar otros estados del continente, a una nación al borde de un abismo.
Aún ese prestigio puede salvarse, pero para ello deben concluir ya, sí o sí, las hostilidades extendidas desde mediados de 2021 a zonas de los estados regionales de Afar y Amhara, y ahora mismo en un punto crítico que no permite avistar una solución sostenible antes de concluir el año.
Por el contrario, esta contienda en la que las dos partes son sospechosas de cometer crímenes de guerra y potencialmente de lesa humanidad, según informes de Naciones Unidas, podría durar más días, semanas, ¿meses?, ¿años? y, desgraciadamente, empeorar sus consecuencias.
Muchos vislumbran un resquicio para lograr la paz a corto o mediano plazo en recientes declaraciones del enviado de la Unión Africana para el denominado Cuerno de África, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo, pero el contexto dinamita cualquier optimismo.
Llegó el momento de emprender acciones colectivas para encontrar una solución duradera que evite una mayor escalada de la situación actual, que puede tener efecto directo en la región, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU, desde Addis Abeba.
Obasanjo sostuvo encuentros por separado con el primer ministro Abiy Ahmed y líderes del Frente de Tigray y algunos de sus aliados, con el propósito de disminuir las tensiones y promover el inicio de un diálogo entre los actores políticos.
Todos los líderes aquí en la capital del estado y en el norte están de acuerdo individualmente en que las diferencias entre ellos son políticas y requieren entonces soluciones políticas a través del diálogo, aseguró.
Esto, por lo tanto, constituye una ventana de oportunidad que podemos aprovechar colectivamente para ayudar al pueblo de Etiopía a encontrar una solución duradera a la crisis actual, añadió, antes de visitar zonas de las regiones de Amhara y Afar.
Días antes de estas palabras, el Frente aseguró que tomó Dessie y Kombolcha, ciudades estratégicas de Amhara, y estaba presto a avanzar hacia la capital con el objetivo de derrocar a Ahmed e iniciar una transición, lo cual muestra que no tiene interés en volver al poder por medios políticos.
Tampoco es inofensivo el discurso del Ejército de Liberación Oromo, que acordó una alianza con el TPLF. En declaraciones recientes, el comandante Jaal Marroo afirmó que Abiy y el Partido de la Prosperidad deben ser eliminados para comenzar la reconciliación.
Haremos de Etiopía, no solo de Etiopía, del Cuerno de África también, un lugar pacífico y muy estable para vivir. Estoy muy seguro de que no habrá conflicto después del actual régimen, proclamó el oficial.
Ambas organizaciones, más siete grupos, están dispuestos a vencer al ejército federal, al cual ven como una fuerza de ocupación, revertir lo que llaman “efectos dañinos del gobierno de Abiy Ahmed” y establecer las condiciones necesarias para una transición segura.
Que el TPLF cree bases para promover el diálogo y solucionar el conflicto, a partir de la detención de la criminalidad y la deposición de las armas, más el reconocimiento público de sus crímenes, parece algo improbable en este instante.
Para el Gobierno, la nación necesita un diálogo inclusivo, pero no acepta posiciones de fuerza y tampoco la utilización del mecanismo de negociación como estrategia en una agenda orientada al derrocamiento de la administración elegida de manera libre y democrática.
Y eso, según ha denunciado varias veces, es lo que quiere un grupo abiertamente terrorista, con pretensiones de apoderarse del país en nombre de una supuesta nueva coalición o transición segura, que exacerba diferencias tribales y promueve la violencia étnica.
Encima, en mayo pasado el ministerio de Relaciones Exteriores declaró que no admitirá presiones internas o externas para dialogar con el TPLF porque, alegó, puso en peligro la soberanía nacional, violó la Constitución y el Parlamento lo declaró grupo terrorista.
Así, las autoridades federales fijaron una posición distante del TPLF, acusado de violar los derechos humanos y cometer otros muchos delitos, y al que considera una amenaza para Etiopía, además de exigir un tratamiento moralmente diferenciado respecto a su contraparte.
Sellaron la probabilidad de instaurar una mesa de diálogo con una organización, cuyo liderazgo rechazó antes de noviembre de 2020 los intentos gubernamentales de realizar consultas, iniciar negociaciones, construir consensos y favorecer la reconciliación regional y nacional.
Pasaron las partes, a la sazón, del cruce de diatribas y acusaciones en una estrecha senda, a formar un nudo gordiano o una especie de círculo vicioso que pone en perspectiva el triunfo militar como el desenlace primero, cuando no debiera ser siquiera una opción.
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